Informe elaborado por CEPA (Centro de Economia Politica Argentina) e IndEP
¿Cláusula gatillo para comprar los útiles?
Si se consideran el total de gastos que debe afrontar una familia para iniciar el ciclo escolar en marzo de 2018, incluyendo en ello útiles, indumentaria escolar, cuotas y matriculas (en el caso de colegios privados) y textos escolares, el total alcanza los $14.669 por hijo o hija en la escuela primaria, y $16.131 por hijo o hija en escuela secundaria. Esto representa un aumento de 20% y 19% respectivamente respecto del año anterior.
Asimismo, para una familia que envía sus hijos a una escuela pública debe destinar $4.164 para el nivel primario y $4.855 para el nivel secundario, incluyendo en ello útiles,
Megadecreto de Macri: ganancias para bancos, perjuicios para usuarios
Por: Miguel Julio Rodríguez Villafañe - Abogado Constitucionalista
El presidente Mauricio Macri, en un uso inconstitucional en el dictado de “Decretos de Necesidad y Urgencia” (DNU), el 11 de enero de este año firmó el DNU Nº 27, denominado de “Desburocratización y simplificación”. Decreto este de 192 artículos, que modifica 140 leyes o decretos, y deroga otras 19 leyes. De ninguna manera el contenido del “megadecreto” se justifica en los extremos que manda el art. 99 de la Constitución Nacional, en su inc. 3.
Dicho inciso, expresamente establece que: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. La norma constitucional luego agrega que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria (…) podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia”.
No existe para las temáticas abordadas en el DNU 27 “necesidad y urgencia” y menos circunstancias excepcionales que justificaran no cumplir los pasos legales necesarios, de acuerdo a la Constitución, para la sanción de las normas. Además, regula sobre aspectos penales y tributarios, expresamente prohibidos, ya que se determinan reducciones de las sanciones y multas a las empresas que hubieran evadido el cumplimiento de leyes laborales y tributarias en materias de cargas sociales, entre otras disposiciones en ese sentido.