PERSONERÍA JURÍDICA MATRÍCULA 32264
DPPJ Pcia. BUENOS AIRES
N° Registro de Entidad de Bien Público 433

E-Mail: secretaria@arbia.org.ar

Ley 26.522

Bonadio procesó a Sabbatella por la adecuación de Clarín a la ley de medios.

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El magistrado consideró que el AFSCA utilizó plazos y pedidos perjudiciales contra el multimedio.

El juez federal Claudio Bonadio procesó al ex titular del AFSCA Martín Sabbatella por actuar de oficio en busca de que el Grupo Clarín se adecue a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Bonadio afirmó que "en la época de creación del AFSCA se dio una serie de maniobras tendientes a perjudicar a distintas empresas del Grupo Clarín S. A".

Para el magistrado, "se sancionó la ley 26. 522 (Ley de Medios) , con la cual se buscó perjudicar el poder de actuación del grupo de medios y para ellos se creó el AFSCA, siendo Martín Sabbatella el ejecutor del hostigamiento al grupo de medios".

El juez intentó justificar su posición al manifestar que el AFSCA aplicó diferentes mecanismos de adecución, distintos plazos y dictámenes que perjudicaron al Grupo Clarín si se lo compara con otros medios.

Bonadio entonces procesó a Sabbatella sin prisión preventiva y ordenó un embargo de 100 mil pesos contra el extitular del AFSCA.

Lo advertíamos hace un año, luz roja y alerta encendida para los medios comunicación Pymes.

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Osvaldo Frances ante la CIDH-OEA : “Librados a estas condiciones de mercado no vamos a poder sobrevivir”

Osvaldo Francés, presidente de ARBIA,  la asociación que representa a los medios de comunicación PYMES y de arraigo local de Buenos Aires y el interior de la República Argentina, aseguró en Washington, ante la  Comisión Interamericana de DDHH, que los medios de comunicación que son mayoría en el país, están condenados a desaparecer de proseguir el estado argentino con políticas que favorecen la concentración mediática.

Ante los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, citado por la CIDH, el dirigente aseveró que “Librados a estas condiciones de mercado no vamos a poder sobrevivir y de esta forma se atenta contra la pluralidad de voces que tanto se declama”.

Francés fue vicepresidente del COFECA, organismo creado por la Ley de SCA 26.522, que estaba integrado por representantes de cada una de las provincias, de los gremios de la comunicación, entidades empresariales de medios, las universidades, las cooperativas  y los pueblos originarios, entre otras representaciones de la sociedad civil. A pocos días de asumir,  Macri firmó un DNU,  que sin más trámites,  modificó la LSCA y disolvió el organismo.

Al respecto Francés explicó que  “las funciones (del COFECA) eran amplísimas Ad Honorem y en representación de todas las organizaciones de la sociedad civil”, antes había advertido que “Nosotros siempre vimos la película completa desde la sociedad civil, nunca vimos la foto y creemos que hoy estamos viendo una película que ya la vimos, una película repetida”.

En su contundente alocución el también presidente de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la República Argentina (CoRaMeCo), y miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática,  advirtió que su sector “con estos DNU no podrá competir contra los grupos concentrados,  dado la programación, publicidad y eliminación de los techos de concentración, que es fundamental”.
ARBIA fue una de las organizaciones que integró la delegación que recurrió al organismo internacional a raíz de las afectaciones al derecho a la libertad de expresión por parte del gobierno de Mauricio Macri con sus decretos que modificaron el marco regulatorio previo de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones.

En la audiencia se expusieron los argumentos de los peticionantes, que mostraron y ejemplificaron regresiones a partir de la adopción de los DNUs en el sector de los medios, y las respuestas del gobierno, que se limitó a criticar el desempeño de los gobiernos kirchneristas y a prometer una futura ley que repararía, hipotéticamente, algunos de los abusos enunciados.

Después de escuchar a las partes, el Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli recordó que “la concentración de medios es dañina, contraria al derecho de los receptores de la información” y le preguntó al Estado “qué va a hacer, si es que algo va a hacer” y cómo la va a enfrentar. También les preguntó a los funcionarios de qué forma el Estado abordará “el tema de la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial pero que sí buscan tener acceso a medios”. El Relator Especial Edison Lanza coincidió en que la concentración afecta el pluralismo y la diversidad, planteó la falta de autonomía del ente regulador (ENACOM) y remarcó que los decretos pueden perjudicar los derechos de las audiencias.

https://www.youtube.com/watch?v=19PLdKiUEng


MINISTERIO DE COMUNICACIONES ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 2064-E/2017
Por ello, EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Deléganse en el titular del primer nivel operativo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, en el marco de sus respectivas competencias:

a) La facultad de imponer sanciones a los prestadores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por incumplimientos a la normativa vigente que expresamente no estén asignados a otra dependencia.

b) La facultad de disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o comiso según corresponda, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Miguel Angel De Godoy.
e. 06/04/2017 N° 21244/17 v. 06/04/2017
Fecha de publicación 06/04/2017

SIGUEN LOS DECOMISOS DE RADIOS EN EL PAÍS.

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La Coalición por una Comunicación Democrática alerta sobre el proceder represivo y de amedrentamiento llevado adelante por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) —con  auxilio de Gendarmería en algunos casos— a diversas radios de Frecuencia Modulada registradas en las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes. En estos operativos, realizados durante el mes de febrero y los primeros días de marzo, a algunas emisoras se les decomisaron equipos y se las clausuró sin intimaciones previas. Tales hechos se agravan por acciones legales que suponen, en los hechos, un intento de criminalizar el ejercicio de la libre expresión.

El pasado 7 de marzo, Radiodifusores de Formosa señalaron en su Declaración que “La actuación del organismo federal configura un avasallamiento a los derechos que tenemos de trabajar y expresarnos libremente, sin que las opiniones o posturas que puedan asumir cada uno, puedan ser motivo de molestia para algunos, ya que este es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y regulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

El argumento de los procedimientos llevados a cabo en Formosa contra FM Milenium, FM Popular y FM La Torre, alude a improbables interferencias al aeropuerto de Resistencia, Chaco. Adicionalmente, dos camionetas del ENACOM recorrieron toda la ciudad de Formosa y aledaños en supuestas maniobras de verificación técnica.

Adherimos al comunicado de la Asociación de Radiodifusores Formoseños al señalar que: “Colocarnos en situación de radios ilegales en realidad demuestra la mora y la deuda que el Estado Nacional tiene con los radiodifusores por no regularizar el espacio radioeléctrico, convocando a los concursos correspondientes  para que se puedan obtener las licencias que  correspondan, ya que es intención y voluntad la de trabajar con las habilitaciones definitivas”.

La ilegalidad de fondo está causada por el propio Poder Ejecutivo Nacional que, al asumir en 2015, usurpó las facultades naturales del Congreso de la Nación y legisló por Decreto, para favorecer los negocios de los grandes grupos mediáticos privados.

Los operativos del ENACOM también se realizaron en Chaco, Corrientes y en una emisora de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, en algunos casos con avasallamiento de derechos otorgados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aún vigentes.    

También merece nuestro repudio un peculiar operativo fiscal contra emisoras radiales —con amenazas de clausura incluidas—, realizado a fines de enero de 2017 por la Intendencia de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Cabe señalar que un presunto recupero de deudas o regularización fiscal no puede en modo alguno violar el derecho federal y constitucional a la libertad de expresión, excepto que sea ordenado por autoridad judicial competente.

Ante la existencia de una multiplicidad de emisoras censadas por el ex AFSCA en 2011, y dada la imposibilidad de medios comerciales y sin fines de lucro de obtener su licencia, resulta de una extrema pobreza argumentativa el utilizar la supuesta falta de habilitación para acallar las voces de emisoras FM en todo el país. La Coalición por una Comunicación Democrática sostiene que el derecho a la libertad de expresión e información debe primar hasta tanto el Gobierno complete la regularización por medio de sendos planes técnicos y concursos ordenados por los artículos vigentes de la Ley 26.522.

Si la libertad de expresión está en peligro, todas las libertades lo están.

Coalición por una Comunicación Democrática
13 de marzo de 2017.

Los millonarios beneficios económicos de la gestión Macri al Grupo Clarín

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El holding que encabezan Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto protagonizó un exponencial incremento del monto que precibe del Estado nacional por publicidad.

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Apenas asumió, Mauricio Macri tuvo el gran gesto con el monopolio Clarín. El lunes 4 de enero firmó el DNU 267 creando el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), disolviendo el AFSCA, pero además amplía los derechos para Cablevisión, mientras las empresas de telefonía básica y móvil sólo podrán ofrecer televisión por cable el 1 de enero de 2018. Por si fuera poco, ese plazo puede extenderse por un año más por decisión del ENACOM. (Ambito.com)

Un año fuera de la ley Por Gonzalo Carbajal

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Se aproxima el primer aniversario del gobierno de Mauricio Macri y con él recibiremos andanadas de informes que intentarán dar cuenta de balances sobre la gestión del “nuevo” gobierno. Este fin de semana las tapas de los diarios de mayor circulación se anticiparon a la fecha y en su interior comenzaron con los fuegos artificiales. Les cuesta ocultar el desastre, pero lo intentan.

Es raro esto de nombrar como nuevo a un gobierno que lleva un año y además remeda versiones anteriores. El brutal endeudamiento de estos meses nos trae a la memoria al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La persecución judicial y la recesión provocada nos recuerdan la idea de hacer desaparecer de la historia al peronismo y a la ¨columna vertebral”, el movimiento obrero. La detención irregular de Milagro Sala horada el frente externo.

En materia de comunicación el año que culmina se parece mucho al menemismo en su vocación re-reguladora, con extranjerización de medios y fuerte concentración. Pero el panorama no es tan simple. Para poder tener un balance más abarcador la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) convocó a el 2º Encuentro Federal por la Comunicación Democrática el viernes pasado. Producto de esa actividad es fruto el documento del cual hemos tomado el título para esta nota y que intentaremos comentar en la idea de que la comunicación no es un tema de periodistas y dueños de medios. La sociedad toda debe involucrarse en su planificación, diseño y gestión en tanto la frontera entre política y comunicación es cada vez más difusa.

Los más de 150 participantes del encuentro propiciado por la CCD, enumeraron una serie de aspectos que van desde decisiones de gestión hasta intenciones políticas en los que podemos encontrar la mano de las espadas que se hicieron conocidas por su oposición acérrima a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que reemplazó al decreto-ley de la Dictadura -es bueno recordarlo-.

Comienza el documento caracterizando la situación actual como “de riesgo” para la comunicación social y la libertad de expresión en función de haber decidido impulsar por Decreto de necesidad y Urgencia cambios que hubieran requerido de una Ley del Congreso Nacional. Así, la pluma de Mauricio Macri y alguno de sus ministros terminó resolviendo por sobre la voluntad de millones de compatriotas que habían participado del proceso de construcción de una legislación más amplio del que se tenga memoria. Por decreto Macri resolvió disolver la AFTIC y la AFSCA (órganos que regulaban las actividades de las telecomunicaciones y la comunicación audiovisual) y los comprimió en un solo ente cuya mayoría controla el Poder Ejecutivo. Junto con ello se cargó la representación territorial y sectorial en los Consejos Federales que acompañaban la gestión como órganos participativos revisores y de dictado de políticas.

La desaparición del Fútbol para Todos como instancia de recepción gratuita de contenidos deportivos, la entrega de frecuencias del espectro radioeléctrico sin concurso para beneficio de sociedades privadas y la autorización para que empresas ya dominantes en el mercado adquieran otras con las que consolidan sus posiciones son parte de lo que se trató el viernes pasado en el Congreso Nacional.

Claro que todo esto no se hace a la vista de todos, la oscuridad en las decisiones es la norma. El Ente Nacional de Comunicaciones (que reemplazó a AFSCA y AFTIC) continúa sin publicar sus actas de reuniones. A espaldas de la sociedad de toman decisiones que consolidan el poder de los más poderosos. Mientras dilatan el pago de dinero adeudado de los concursos establecidos por ley, hacen un simulacro de debate en reuniones cerradas, sin acceso al público y ofrecen una “ventanilla de participación” por medio de un formulario en el que caben trescientos caracteres. Así fueran tres mil, estaríamos en la misma posición. Las políticas de comunicación se deben discutir de cara al conjunto de la sociedad y no entre cuatro paredes.

La concentración tiene una consecuencia directa: la censura. El poder dominante de unos pocos ahoga la pluralidad en los medios de comunicación. Menos programas, menos canales, menos trabajo. Es un círculo vicioso que sólo favorece a los dueños de los medios más grandes y a los poderes políticos con los que se asocian para extraerles favores. Historia repetida.

Una de las experiencias más novedosas que trajo la Ley de SCA fue la creación de la Defensoría del Público. Pues bien, terminado el mandato por cuatro años de la primera defensora, la Alianza Cambiemos con la anuencia del Frente Renovador ha resuelto dejar acéfalo a este órgano.
Las ciudades pequeñas y medianas conocen bien el fenómeno de la retransmisión de contenidos generados en Buenos Aires. La repetición de emisiones creadas y concebidas para otro lugar actúa como tapón a contenidos locales y al trabajo de decenas de miles de personas en toda la Argentina. Para complicar más las cosas, o para favorecer a las emisoras más grandes de Buenos Aires, la firma de Macri decidió ampliar el tiempo permitido para retransmitir, ahora se puede hacer hasta la mitad del tiempo en el aire, antes el límite era un tercio.
Todos estos temas y algunos otros son denunciados en el documento de la CCD que es producto del encuentro relatado, pero que recoge el debate de meses a lo largo y ancho del país en todas las ciudades donde la Coalición tiene funcionamiento.

Los desequilibrios entre Norte y Sur, entre la Capital Federal y el resto del país, entre las capitales de las provincias y el resto de su territorio, no son nuevos. Pero no por viejo el debate deja de ser necesario. Mucho menos cuando desde fines de 2009 una Ley del Congreso nos había puesto a la cabeza del mundo. De un mundo que quería ser soberano y entendía que sin cambiar el modo en el acceso y distribución de la información y las comunicaciones era casi imposible pensar en una verdadera democracia.

El documento referido culmina señalando un camino. Dice que “El derecho humano a la comunicación requiere hoy acceso universal y gratuito a redes de banda ancha y las plataformas que permiten intervenir en el flujo de contenidos digitales. Los contenidos han sido y son el motor que impulsó el exponencial desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y el Conocimiento). El desafío es equilibrar los flujos de circulación de manera horizontal y preservar los contenidos nacionales y regionales sin interferencias, favoritismos o imposiciones de mercado”.

Difícil para un gobierno que ha hecho de la ampliación de brechas y los desequilibrios su manera de gobernar. Complicado para los CEOs que pueblan la Casa Rosada y que piensan solo en negocios. Para ellos hablar de “políticas activas de conectividad universal, alfabetización digital, fomento de la apropiación popular de las tecnologías e impulso a contenidos locales y nacionales” es directamente hablar otro idioma.

ARBIA INFORMA: ftp://ftp.lacorameco.com/05122016/ARBIA_INFORMATIVO_051216.mp3

Tras once meses, el Gobierno de Macri avanza en la demorada Ley de Medios.

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En marzo le presentarán la propuesta para debatir en el Congreso. La directora de Enacom anticipó que el objetivo es "tener una infraestructura de comunicaciones adecuada".
 
Luego de destruir la Ley de Medios aprobada por los tres poderes del Estado, el macrismo después de once meses avanza en una nueva ley de Telecomunicaciones y de Medios. Según el oficialismo, es con el objetivo de ofrecer una "infraestructura adecuada", que le permita a los ciudadanos tener "acceso a internet de banda ancha".

Así lo manifestó la directora del Enacom, Silvana Giudici, en declaraciones formuladas en la Casa Rosada, donde participa de un encuentro preparatorio para la constitución del Consejo Federal de Comunicaciones (Cofeco). Ese consejo consultivo estará conformado por las provincias, los sindicatos y las organizaciones sin fines de lucro.

La funcionaria confirmó que hoy se está "trabajando en una nueva ley de Telecomunicaciones y de Medios", y adelantó que el objetivo es "tener una infraestructura de comunicaciones adecuada y que cada ciudadano tenga acceso a internet de banda ancha".

Respecto a la unificación de la ley de Telecomunicaciones y Medios, Giudici afirmó que "la premisa es la pluralidad de voces", y aclaró que la iniciativa propone que haya "un marco regulatorio que no permita que haya una sola voz preponderante". Y adelantó que "en marzo del año próximo" le presentarán al presidente Mauricio Macri la propuesta para ser enviada al Parlamento.

Graciana Peñafort: "vamos a tener una concentración de medios permitida".

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La abogada especialista en temas de comunicación Graciana Peñafort, dialogó con Juan Gentile y Juan Agosto en el programa "El hecho maldito" por FM Futurock, sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los DNU que la modificaron, la concentración de medios y el proyecto de ley de convergencia del gobierno.

Peñafort señala que "todo lo que está pasando desde enero en Argentina (en materia de medios) está pasando en el marco de una legislación de excepción que es un DNU y que se han dictado un montón de resoluciones que no han tenido control legislativo". Entonces hay un primer problema que es que estamos bajo una ley que es transitoria, así lo sostuvo le gobierno en la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que permite que se consoliden hechos que son definitivos.

Luego se refiere al concepto de "autorregulación del mercado" e indica que esto no existe, que siempre hay una mano invisible que lo regula y que este gobierno no va a regular una concentración que él mismo ha permitido; entonces asevera que "vamos a tener una concentración permitida en manos de una regulación de excepción".

Y respecto de la visión política, Peñafort dice que "el modelo político que tiene el gobierno de Cambiemos, requiere de un nivel de blindaje mediático que a su vez requiere de poca pluralidad y jugadores muy fuertes".

ARBIA INFORMA: ftp://ftp.lacorameco.com/19092016/ARBIA_INFORMATIVO_190916.mp3

Víctor Hugo Morales: "Hernán Lombardi ha sido el gran canalla".

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En el programa El Diario de C5N, Víctor Hugo Morales e Iván Schargrodsky se refieren al despido del periodista Juan Agosto que trabajaba en el programa La Quinta Pata de la Tv Pública y era la única voz disidente con el gobierno macrista del panel.

Víctor Hugo Morales comenta el despido del periodista Juan Agosto de la TV Pública y lo considera "otra de las hazañas de Hernán Lombardi, que ha sido el gran canalla que han tenido que sobrellevar los periodistas en este tiempo; él ha estado a la cabeza de todas las ignominias, de todas las agresiones que hizo provocar a periodistas".

Iván Schargrodsky señala que Juan Agosto fue despedido del programa "que se planteó como la nave insigna de la pluralidad de la televisión pública; el único periodista crítico con el macrismo que había en La Quinta Pata, dicho por el diario Clarín" y hasta el momento no le dieron explicaciones.

ARBIA INFORMA: ftp://ftp.lacorameco.com/17082016/ARBIA_INFORMATIVO_170816.mp3

CIDH concluye el 157º Período de Sesiones.

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15 de abril de 2016

Parte del texto del Comunicado referido a Libertad de Expresión en Argentina

La CIDH también recibió información sobre el derecho a la libertad de expresión en Argentina. La Comisión valora las delegaciones de alto nivel que participaron por parte del Estado y por parte de los solicitantes, así como la información presentada por ambas partes. Las organizaciones de la sociedad civil y medios universitarios y comunitarios plantearon una serie de afectaciones a la libertad de expresión que se habrían producido como consecuencia de las modificaciones introducidas a la Ley de Servicios de Comunicación, a través de tres decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. La delegación del Estado justificó los cambios en el contexto de violaciones a la libertad de expresión que se verificaban en la anterior administración, la velocidad de los cambios en las tecnologías de la información y la posterior convalidación de estas normas por parte del Poder Legislativo. La CIDH valora el anuncio del gobierno de que abrirá un espacio de consulta y diálogo previo a la promulgación de una nueva legislación respetuosa de los estándares internacionales. Asimismo, la CIDH toma nota de la transitoriedad de la situación vigente y recuerda el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, por lo que continuará dando seguimiento al proceso.

FRANCISCO RECIBIÓ Y RESPALDO A LA COALICIÓN POR UNA COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA.

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El Papa Francisco recibió con agrado la entrega pública de los Nuevos 21 Puntos por la comunicación como Derecho Humano, ratificando una vez más su compromiso con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la necesaria democratización de la Comunicación.
Fue en el marco de la Audiencia General, realizada hoy miércoles 13 de abril, cuando se acercó especialmente a saludar a los tres integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática los que, a su orden,  fueron invitados  por  la Casa Pontificia a participar del encuentro.
El gesto papal vino a refrendar lo actuado por el Cardenal Bergoglio (hoy Papa Francisco) cuando en el año 2009 apoyó la gestación y promulgación de la Ley 26.522.
Néstor Piccone, periodista e integrante del sector cooperativo de la comunicación agradeció  al Papa  esta invitación y  la alegría que implica para la militancia de la comunicación este contacto cara a cara al tiempo que pidió bendición y apoyo a la lucha contra los intentos de derogación de la Ley.
Walter Formento, miembro de la red CLACSO,  incluyo en su momento la denuncia de lo que implica el gobierno de Mauricio Macri por su compromiso con los monopolios mediáticos nacionales y transnacionales  de la comunicación,  ya que la subordina a los grandes intereses financieros, que son también quienes lavan el dinero del crimen organizado, la trata y el narcotráfico.
Juan Chico, Qom de Chaco, presidente  de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina, además de acercarle sus libros donde denuncia la invisibilización de los pueblos originarios remarco el nefasto retroceso que implicaría la derogación de la Ley de Medios.
Esta actitud del Papa Francisco apuntala a la CCD en su misión de acumular fuerza y se suma a la presentación  que, el viernes pasado realizo ante  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. En esa oportunidad denunciamos al gobierno de Mauricio Macri, obligándolo  a responder por los arbitrarios e inconstitucionales Decretos de Necesidad y Urgencia con el que pretende derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual  promulgada en el año 2009 y declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicias  tres años después.

Audiencia sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

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Ante la Comisión Interamericana el Estado no respondió sobre el impacto de los decretos en la concentración de medios

 Hoy, el CELS, la Coalición por una Comunicación Democrática, representantes de medios comunitarios, cooperativos y comerciales, universidades y especialistas en políticas de comunicación expusieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los efectos de los decretos que reformaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Las exposiciones de los representantes del Estado argentino evaluaron la gestión del gobierno anterior y plantearon un futuro escenario de diálogo pero no respondieron sobre la afectación de derechos que ya está ocurriendo.

Después de escuchar a las partes, el Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli recordó que “la concentración de medios es dañina, contraria al derecho de los receptores de la información” y le preguntó al Estado “qué va a hacer, si es que algo va a hacer" y cómo la va a enfrentar. También les preguntó a los funcionarios de qué forma el Estado abordará “el tema de la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial pero que sí buscan tener acceso a medios”. El Relator Especial Edison Lanza coincidió en que la concentración afecta el pluralismo y la diversidad, planteó la falta de autonomía del ente regulador (ENACOM) y remarcó que los decretos pueden perjudicar los derechos de las audiencias.  

Horacio Verbitsky, presidente del CELS, afirmó que “con el pretexto de las falencias en la aplicación de la LSCA, que muchos de nosotros hemos señalado, y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal, que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaban”. Verbitsky también se refirió a los efectos de la reforma de la LSCA en el ejercicio del derecho a la comunicación: “El Poder Ejecutivo sostiene que todos podrán competir en el mercado, pasando por alto las diferencias de escala que sin regulación estatal derivan en la ley del más fuerte. Si la implementación de la ley audiovisual era incompleta e imperfecta, cosa que no es tema de esta audiencia, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva, donde los grandes jugadores se quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada.”
 
Martín Becerra, especialista en políticas de comunicación, recordó que “la Corte Suprema de Justicia argentina en 2013, con el aval de seis jueces contra uno, entendió que es obligación del Estado generar políticas públicas de estímulo al pluralismo y, en consecuencia, de restricción de la concentración” y remarcó “que la concentración excesiva de la palabra es una antítesis de la democracia”. Becerra también afirmó: “la Argentina exhibe altos niveles de concentración. Casi el 40% de las licencias de televisión abierta están en manos de dos grupos. En la televisión de pago, que es la forma en la que el 83% de los hogares accede a la tv, casi el 70% de los abonos está controlado por dos grupos. Sin embargo, las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la espalda a este problema, obstaculizan la competencia y, por lo tanto, potencian la concentración. La audiencia tiene por propósito examinar los efectos regresivos de la política dispuesta por el actual gobierno y que es preocupante no sólo porque agrava el problema de la concentración sino, además, porque decretó con la creación del ENACOM una completa gubernamentalización de la aplicación de políticas, alejándose del ideario republicano, combinando pues la discrecionalidad del mercado con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”.
 
Damián Loreti, secretario del CELS y representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, afirmó que tanto la creación de una autoridad de aplicación dependiente del Poder Ejecutivo y sin ningún ámbito de participación de los actores de la comunicación como quitar la televisión por cable de los servicios regulados por el Estado y la consiguiente eliminación de la obligación de los cables de transmitir señales producidas por terceros (must carry) son contrarias a los estándares de libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
 
Daniel Badenes, en representación de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Red de Carreras de Comunicación, relató que los decretos desplazaron a las universidades de todos los espacios de toma de decisiones sobre el sistema de medios, tanto del directorio del AFSCA como del Consejo Federal. Se pasó de una autoridad de aplicación plural, integrada por representantes de diversos sectores, a una representación en la que, de los siete integrantes del directorio, cuatro son nombrados a discrecionalidad por el Poder Ejecutivo y de los tres designados por el Congreso, uno es integrante por el oficialismo y solo dos por las minorías. Además, pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo en forma directa, eliminando las garantías de independencia.
 
Néstor Busso en representación de las radios comunitarias, populares e indígenas, afirmó que “mientras compraventas y fusiones de empresas son autorizadas y se prorroga en forma automática las licencias, cientos de trámites de concursos de radio y televisión –abierta y por cable- están demorados”. Busso también destacó que “la declaración conjunta de relatores y relatoras especiales de libertad de expresión de 2014 sobre universalidad y el derecho a la libertad de expresión recomienda a los Estados: 'Crear y habilitar un marco jurídico para medios de comunicación comunitarios a fin de que, entre otras cosas, puedan responder a las necesidades de comunicación y expresión de distintos grupos e individuos'. Ese marco jurídico existía en la Argentina y hoy se desconoce y vulnera en una clara regresión”.
 
Osvaldo Francés, en representación de los radiodifusores privados, afirmó que “la nueva reglamentación hace desaparecer en los cableoperadores la obligación del must carry. Esta situación conlleva a la desaparición de estos canales locales y la pérdida de fuentes de trabajo en el corto plazo, hechos que ya se está produciendo”.
 
Oscar Nocetti, cooperativista, destacó que los decretos “desguazan el carácter antimonopólico de la ley. Les han quitado a los grupos concentrados todas las restricciones que les impedían depredar el servicio de la televisión por cable. Esos decretos afectan nuestros derechos económicos y nuestros derechos culturales. Quiebran con nuestra concepción de que la comunicación es un derecho humano y quitan voz a las comunidades que se dignifican a través de sus cooperativas”.  La eliminación de la regulación de los cables también afecta a los canales universitarios, como lo señaló Badenes en su exposición.
 
Ana Jaramillo, rectora de la Universidad de Lanús, resumió el petitorio a la CIDH en el cual las organizaciones pidieron que se solicite al Estado argentino la adopción de medidas que impidan la consolidación de las regresiones y cumplan con los principios de protección de la libertad de expresión, entre otras cuestiones disponibles.
 
El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edizon Lanza manifestó su preocupación por determinados aspectos de los decretos. Sobre el ENACOM, el Relator afirmó que su composición y atribuciones “prima facie, como está hoy diseñado, no cumpliría con estos estándares [de libertad de expresión], debido a que debe estar blindado de toda injerencia política o económica”. Lanza también se refirió a “la preocupación especial que tiene la Relatoría, la Comisión y la Corte [Interamericana] que acaba de decir en la sentencia del caso de RCTV que la búsqueda de la diversidad y el pluralismo es una finalidad imperiosa también, y una obligación de los Estados. Particularmente nos preocupa la obligación que tiene el Estado de facilitar el acceso a todas las plataformas, más allá de que sean convergentes o no, de todos los medios de comunicación, sean estos comerciales, públicos o comunitarios. En ese sentido, el tratamiento que se le da actualmente a la televisión por suscripción en Argentina, que es muy importante porque el 83% de la población tiene acceso a la televisión por suscripción, y la desaparición de las reglas del deber de transmisión pueden afectar justamente a algunos sectores de la comunicación”.
 
La mayoría de las intervenciones del Estado argentino fueron para relatar episodios y decisiones del gobierno anterior más que para responder a las denuncias sobre la afectación de derechos ocasionada por los decretos que crearon un escenario difícil de revertir. Los representantes del Estado afirmaron que la futura regulación del sistema de medios contemplará principios de pluralismo, diversidad y participación social acordes a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Tal como quedó expuesto en la audiencia, no es eso lo que ha ocurrido en sus primeros cuatro meses de gestión.

GRACIANA PEÑAFORT SOBRE LOS DNU QUE MODIFICAN LA LEY DE MEDIOS.

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La abogada especializada en comunicación Graciana Peñafort, quien defendió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ante la Corte Suprema, que luego la declaró constitucional, dialogó con Roberto Caballero y su equipo en Radio del Plata acerca de la votación de ayer y el nuevo escenario para la comunicación en Argentina. Peñafort recuerda que la LSCA fue una construcción colectiva que implicó a muchas personas durante mucho tiempo, que hoy están triste y con bronca; y afirma que lo que sucedió en Diputados ayer fue un papelón. Por un lado porque ni siquiera se hizo una votación nominal para que cada diputado se haga cargo de lo que votó. Y por otro, sucede lo que viene sucediendo desde siempre, "quienes apoyamos la ley podemos decirlo claramente y dar argumentos, mientras quienes no quieren esta ley, necesitan esconderse". Titubean, no tienen argumentos; lo vimos en la Corte y lo volvimos a ver ahora en el congreso. Y afirma que "lo que no pueden decir, es que están cumpliendo el mandato de las empresas monopólicas". Respecto de un agregado que buscaba hacer el massismo, Peñafort explica la trampa por la cual pedían que no puedan ingresar las telefónicas por 5 años, pero que si éstas le compraban las licencias a quienes son los tenedores de las mismas, sí pueden hacerlo. Con lo que termina siendo que las telefónicas pueden ingresar ya mismo, comprando una licencia. Luego compara el decreto que está vigente y afirma que es peor que la ley que heredamos de la dictadura; que es un traje a medida para Clarín

OSVALDO FRANCES SOBRE SESION EN DIPUTADOS POR DNU DE LA LSCA.

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El titular de ARBIA Osvaldo Frances se pronunció acerca de lo sucedido hoy en la sesión de diputados donde se trataba la aprobación del DNU que modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde Washington donde está junto a otros representantes de organizaciones de la Comunicación para concurrir a la audiencia de la CIDH. Frances considera que lo sucedido en el Congreso 'es uno de los mamarrachos más que viene haciendo la oligarquía en la República Argentina' y que justo sucede cuando se están reuniendo el estado y la sociedad civil pasado mañana en Washington. Afirma que a los que están allí para representar a la sociedad civil los tomó muy de sorpresa el apuro del gobierno nacional por querer avanzar en la cuestión de los DNU. No obstante, señala que se mantienen en su posición muy firme porque desconocen lo que se hizo en la Cámara de Diputados, que es un atropello a la democracia y porque van a defender lo que hoy se está vulnerando que es el derecho humano a la comunicación

Audiencia ante la CIDH, este viernes 8 de abril: El Gobierno, obligado a dar explicaciones por su política de comunicación.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará este 8 de abril en Washington una audiencia pública para tratar las afectaciones al derecho a la comunicación en la Argentina como consecuencia de las modificaciones a las Leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, decretadas por Mauricio Macri a menos de 30 días de haber asumido su gobierno.

Fue solicitada por el CELS y un conjunto de organizaciones integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), entidad que desde hace 12 años promueve un sistema plural y diverso de medios de comunicación.

La audiencia obliga al Gobierno Argentino a dar explicaciones por las medidas que disolvieron organismos con representación significativa del Poder Legislativo, de las provincias y de diversos sectores académicos, de medios comunitarios y trabajadores, para reemplazarlos por otro con mayoría automática del Ejecutivo. También obliga a fundamentar la supuesta urgencia y necesidad de fomentar la concentración de medios mediante cambios en los topes regulatorios y la transferencia de la televisión por cable al sistema mercantil de las telecomunicaciones.

“La audiencia tratará la vulneración del derecho humano a la comunicación y los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, del que el Estado argentino forma parte", puntualizó la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) durante un nutrido Congreso Nacional realizado el pasado 3 de marzo, con más de 500 representantes de 16 provincias, legisladores y organizaciones políticas, sindicales y de la comunicación.

En representación de los peticionantes viajarán Horacio Verbitsky (CELS), Osvaldo Francés (ARBIA-CCD), Damián Loreti (AMARC-CELS-CCD), Ana Jaramillo (UNLa), Daniel Badenes (REDCOM-CCD), Néstor Busso (FARCO-ALER-CCD), Oscar Nocetti (Cooperativa Popular Electrica, Santa Rosa, La Pampa-CCD), Martín Becerra (UNQui).

Las entidades denunciantes son el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las Universidades Nacionales de Lanús (UNLa) y de las Artes (UNA), la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM). También participan la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), la Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe (RRULAC), la Asociación de Radiodifusoras Universitarias argentinas (ARUNA), el Sistema Radios de la

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), Músicos Autoconvocados, la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (ARBIA) y la Cooperativa Eléctrica de La Pampa como expresión de las empresas cooperativas de servicio público.

El encuentro del viernes 8 ha sido convocado por la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA), allí los comisionados escucharán a las organizaciones denunciantes y los alegatos de los funcionarios del Estado argentino.

Será seguida en vivo en diferentes puntos del país, el viernes 8/4 a las 10 (hora argentina) en eventos convocados por los nodos regionales de la Coalición por una Comunicación Democrática. En la Ciudad de Buenos Aires se realizará en el Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación (Anexo A, Rivadavia 1865, CABA).

El acceso público para conectarse a la transmisión web on line estará disponible a partir del lunes 4.

Contactos de prensa:

Mariela Pugliese - pugliese.mariela@gmail.com - +54911-4052-7882

Amanda Alma - aquiamandaalma@gmail.com - +54911-3664-9270

Gonzalo Carbajal - gonzalocarbajal@gmail.com - +54911-4044-7516

Posición fundada, sostenida y multisectorial

Durante enero y febrero, la CCD articuló y apoyó manifestaciones públicas en las principales ciudades del país, con junta de firmas y reuniones con dirigentes de distintas filiaciones partidarias para rechazar la modificación mediante decretos presidenciales de las normas antimonopólicas y anticoncentración previstas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y Argentina Digital (27.078).

Entre otros puntos, se cuestiona la derogación de los límites a la transferencia de licencias y la tolerancia a la concentración, así como la derogación de las obligaciones que la Ley 26.522 imponía a las televisoras de cable respecto de señales locales y grilla de programación, lo cual afectan directamente a la pluralidad de voces.

En el plano institucional, el decreto 267/15 que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en reemplazo de las Autoridades Federales AFSCA y AFTIC, eliminó garantías básicas para su autonomía o independencia, tanto del Poder Ejecutivo como del económico. El ENACOM comenzó a funcionar con directores exclusivamente nombrados por el Gobierno, sin representatividad y pluralidad, removibles sin justificación alguna.

Se advierte que no hay fundamentos explícitos que justifiquen un estado de necesidad y urgencia para el dictado del Decreto 267/15.

También la CCD alerta sobre el peligro de pérdida de hasta 50 mil puestos de trabajo debido a fusiones empresariales y al cierre de pequeñas productoras y servicios audiovisuales, y de una aún mayor cartelización de las actividades que encarecerán el precio de las tarifas de las conexiones y abonos

Mientras tanto, en el Congreso Nacional está pendiente el tratamiento de la aprobación o el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15. El Gobierno, además enfrenta diversas acciones judiciales en trámite por vulneración de derechos y extralimitación de sus competencias en esta materia.

Más información – 21 nuevos puntos por el Derecho a la Comunicación

Las más de 300 organizaciones que integran la CCD vienen reclamando en un amplio plan de acción federal, la plena vigencia de una ley que recibió amplio respaldo parlamentario y cuya constitucionalidad fue respaldada por un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2013.

Esta multisectorial también puso en debate y aprobó los Nuevos 21 puntos por el Derecho a la Comunicación, como actualización de sus principios de políticas públicas que abordan la diversa agenda de la convergencia tecnológica en el uso de redes y el fortalecimiento de las industrias culturales argentinas.

Está abierta la adhesión a este documento por parte de organizaciones y personas, desde la página web http://www.coalicion.org.ar.

Coalición por una Comunicación Democrática

2 abril 2016 - Agradecemos su difusión

Link al petitorio http://www.coalicion.org.ar/app/uploads/2016/04/Solicitud_CIDH.pdf

Información de la CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-157-audiencias-es.pdf

Link a los Nuevos 21 Puntos: http://www.coalicion.org.ar/21-puntos-por-el-derecho-a-la-comunicacion/

El 8 de abril a las 10 hs, en Washington, el gobierno debe dar explicaciones ante la CIDH.

Leer más... 30/03/2016 (2425)        compartir en facebook compartir en twitter compartir en G+ compartir en Whatsapp

La unidad de las organizaciones que integran la Coalicion por una Comunicacion Demoratica permitió que a cuatro meses de asumido su mandato, el gobierno de Mauricio Macri fuera convocado por un organismo internacional por su ofensiva contra la comunicacion popular a traves de los DNU que atacan a la Ley de Servicios de Comunicacion Audiovisual y de Argentina Digital,teniendo audiencia en CIDH-OEA Washington este 8 de Abril .Solicitaron la audiencia concedida:
Gastón  Chiller,  Director  Ejecutivo  Centro  de  Estudios  Legales  y  Sociales  (CELS),
Ana  Jaramillo, Rectora  de  la  Universidad  Nacional  de  Lanús  (UNLa)
Sandra  Torlucci,  Rectora  de  la  Universidad  Nacional  de  las  Artes  (UNA)
Diego  de  Charras,    Director  Carrera  de  Ciencias  de la  Comunicación  UBA
Daniel   Badenes,   Presidente,   Red   de   Carreras   de   Comunicación   Social   y   Periodismo   de   Argentina   (REDCOM) 
María   Pia   Matta   y   Damian   Loreti,   Presidente   y   Vicepresidente   de   la   Asociación  Mundial  de  Radios  Comunitarias  (AMARC). Loreti  también  es  Secretario  del  Centro  de  Estudios   Legales   y   Sociales  (CELS), 
Néstor   Busso,   del   Foro   Argentino   de   Radios   Comunitarias   (FARCO)   y   vicepresidente   Asociación   Latinoamericana   de   Educación   Radiofónica   (ALER),
Aldo  Rotman,  Presidente  Red  de  Radios  Universitarias  de  América  Latina  y  el  Caribe  (RRULAC), Presidente de ARUNA, Director General del Sistema Integrado de Radios de la Universidad
Nacional  de  Entre  Ríos  (UNER),  Coordinador  Académico  del  Trayecto  de  locución  (Convenio  AFSCA UNER)
Horacio   Arreceygor,   por   el   Sindicato   Argentino   de   Televisión   (SATSAID)
Nestor  Piccone,  periodista,  psicólogo,  integrante  de  la Coordinación de  la  CCD
Mariela  Pugliese,  Presidenta  de  FARCO
Guillermo  Tello,   Músicos  Autoconvocados
Luis  Lazaro, Periodista,  escritor,  corredactor  de  la  LSCA,  Coordinación  de  la  CCD
Roberto  Gomez,  integrante  del  Instituto  Movilizador  de  Fondos Cooperativos CCD
Marcela  Gabioud  yAmanda  Alma,  de  la  Red  Par,  coordinación de la CCD
Osvaldo Frances, Presidente de ARBIA CCD.

La CIDH convocó a una audiencia por la modificación de la LSCA-Autor: CELS

El 18 de enero solicitamos una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informar sobre los graves impactos en materia de libertad de expresión producidos en la Argentina a partir de la modificación por decreto de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Comisión aceptó el pedido y convocó a las partes para el 8 de abril.
Las organizaciones e instituciones que realizamos el pedido, entre las que se encuentra el CELS, relevamos distintas medidas que pueden devenir en afectaciones a los derechos vigentes como: la autonomía de los órganos encargados de la aplicación de leyes sobre servicios audiovisuales; la incompatibilidad de los decretos de necesidad y urgencia 13/2015 y del decreto 236/2015 con los estándares del sistema interamericano de protección de derechos humanos; la afectación del principio de legalidad; la reducción de los límites para evitar procesos de concentración de medios o consolidación de la posición dominante; el uso de herramientas penales para implementar la intervención del órgano de aplicación de la ley. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno avanzó en la creación por decreto de un nuevo órgano y modificó los mecanismos de designación, integración y remoción de sus integrantes.

Por estos motivos solicitamos que la CIDH se involucre y contribuya a la búsqueda de soluciones.

La presentación puede leerse en este enlace:

http://www.cels.org.ar/common/Solicitud%20de%20Aud%20sobre%20libertad%20de%20expresi%C3%B3n%20y%20regulaci%C3%B3n%20de%20servicios%20audiovisuales%20en%20Argentina.pdf

La desigual agenda de la comunicación.

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Gonzalo Carbajal y Luis Lazzaro analizan las consecuencias del DNU 267, que mutiló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los últimos días han sido prolíficos en hechos relacionados con la comunicación. Algunos circularon profusamente en los medios grandes, esos que generosamente prestan soporte al gobierno nacional. Otros solo consiguieron visa para circular en espacios que se hallan en los márgenes de aquellos, si se tienen en cuenta ratios tradicionales como rating, cobertura y distribución. Unos fueron noticia y otros pasaron mucho menos apercibidos para el gran público.

La OEA observa a Macri por la Ley de Medios.

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Edison Lanza advirtió que puede haber una mayor concentración con los cambios en la ley introducidos por DNU. Expresó solidaridad con Víctor Hugo. El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, advirtió que los cambios en la Ley de Medios aplicada por el gobierno de Mauricio Macri 'afectan el funcionamiento de los medios de comunicación y el pluralismo'. Lanza ya había cuestionado duramente al Gobierno cuando decidió intervenir a la AFSCA y destituir a Martín Sabbatella.

Para el Gobierno, el Grupo Clarín ya se adecuó a la Ley de Medios.

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El Ente Nacional de Comunicaciones resolvió dar por finalizados los procesos de adecuación de los conglomerados periodísticos "con el objetivo de mirar hacia delante". El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) que reemplazó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) dio hoy por finalizados los procesos de adecuación de las empresas. "Dimos por terminada una etapa de presión con adecuaciones coercitivas con el objetivo de mirar hacia adelante con otro horizonte. Es dar vuelta una página de una etapa muy complicada de coerciones a las empresas periodísticas", aseguró el titular de ENaCom, Miguel Godoy, después de que se conociera la resolución que, en rigor, se tomó en la primera reunión del directorio.

Lombardi: "Un canal público no puede tener la misma mirada que un canal privado".

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El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos aseguró que el objetivo del gobierno es que los medios públicos no sean un "gigantesco órgano de propaganda", sino que mantengan el equilibrio entre "todas las voces, de los que piensan igual, y sobre todo de los que piensan distinto", con información "objetiva" y programas "de calidad". "Un canal público no puede tener la misma mirada que un canal privado, porque son otros los valores centrales, ya que si bien apuntan a la audiencia, también lo hacen al pluralismo, a la objetividad de la información y a hacer programas de calidad", dijo Lombardi en declaraciones formuladas esta mañana a radio 10.

Ley de Medios En sintonía con lo solicitado por el fiscal general Daniel Adler

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En sintonía con lo solicitado por el fiscal general Daniel Adler
Mar del Plata: la Cámara habilitó el tratamiento de un amparo contra la intervención de la Ley de Medios

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Fue luego que la justicia de primera instancia rechazara “in limine” el reclamo de un ex integrante del Consejo Federal de Comunicaciones. Para el tribunal de alzada, en cambio, la entidad de los derechos afectados amerita la apertura de esa vía procesal, ya que no sólo se relacionan con la libertad de expresión “sino con la forma republicana de gobierno”.
En línea con lo solicitado desde el Ministerio Público Fiscal, la Cámara Federal de Mar del Plata habilitó el tratamiento de un amparo contra el decreto del Poder Ejecutivo que intervino por 180 días la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). El fallo de alzada tuvo lugar luego que el Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata rechazara “in limine” la acción de amparo interpuesta por Osvaldo Francés, ex integrante del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Cofeca) –órgano que al interior de la AFSCA se encontraba constituido por representantes de las provincias, los sindicatos, las empresas privadas, universidades nacionales y medios públicos, entre otros actores- bajo el argumento de que el solicitante carecía de legitimación activa. Asimismo, la Cámara hizo lugar al requerimiento del fiscal general Daniel Adler en cuanto a tener como parte al MPF en el presente caso.

Masiva marcha en repudio al despido de Víctor Hugo Morales.

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En la Plaza de Mayo, el periodista despedido por Radio Continental agradeció la convocatoria. Criticó a Macri y al Grupo Clarín. "Quieren silenciar la realidad", afirmó. Miles de personas se convocaron en la Plaza de Mayo para repudiar el despido de Víctor Hugo Morales de Radio Continental. El periodista agradeció la masiva manifestación de respaldo y denunció que el gobierno nacional busca "silenciar la realidad" e instó a "pelear por el periodismo y la Ley de Medios". "Quiero volver a hacer mi programa de radio. Les pido que me lo devuelvan. Que no se resignen a ser comprados por la pauta", afirmó Morales flanqueado por referentes políticos y sociales desde un improvisado estrado al frente del Cabildo.

Ley de Medios: Defensora del Público pidió la intervención de la CIDH

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Ley de Medios:
Defensora del Público pidió la intervención de la CIDH
Cynthia Ottaviano solicitó la intervención de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos tras la oficialización del decreto presidencial que creó el Ente Nacional de Comunicaciones e introdujo modificaciones a la Ley de Medios y a la Ley Argentina Digital sin aval del Congreso.
Cynthia Ottaviano, titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, órgano que depende del Congreso, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA tras la oficialización del decreto presidencial que creó el Ente Nacional de Comunicaciones e introdujo modificaciones en la Ley de Medios y en la Ley Argentina Digital sin aval del Parlamento.

Cambios en la Ley de Medios: más dependencia del Poder Ejecutivo y nuevos límites a las licencias.

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Los cambios introducidos por el Gobierno nacional van en contramano de las críticas que le formulaban al organismo presidido por Sabbatella. El DNU 267, que modifica las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, avanza en crear un organismo completamente dependiente del Poder Ejecutivo, en relación a la AFSCA y AFTIC, y permite una mayor concentración de la propiedad de medios, contrariamente a los ejes de las 26.522.



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