Las centrales sindicales aspiran a canalizar la bronca
A la movilización ya adhirieron sectores sociales, desde la cultura y la ciencia hasta el deporte. Además, esperan atraer a la gente de pie. Esa sumatoria permitiría rebalsar el Congreso. El cese de actividades se sentirá en la industria, el comercio, la banca, el movimiento portuario y los tres poderes del Estado. Por: Alfonso de Villalobos. Del éxito del paro y la movilización del próximo miércoles depende, en gran medida, el futuro de la Ley Ómnibus y el decreto 70/23. Será una señal de la adhesión que quienes resisten la batería de medidas de shock del gobierno tienen sobre un sector importante de la sociedad.
El alcance que tenga la jornada terminará de definir voluntades dentro
del Congreso ampliando o reduciendo el poder de negociación del gobierno
con diferentes sectores de la oposición y, por otro lado, el margen que
tendrán los gobernadores del PJ y sus legisladores para flexibilizar o
endurecer sus posiciones frente a las presiones del oficialismo a
través, por ejemplo, de la coparticipación federal. Lo mismo ocurrirá
con relación a la actitud que asumirá la Corte Suprema de Justicia
frente a los amparos presentados contra el DNU 70/23.
Un parate
de la producción y el comercio y una masiva movilización popular podrán
condicionar al régimen político tomado en su conjunto más que cualquier
encuesta de opinión sobre la imagen presidencial o de la adhesión a las
medidas o de los «likes» en redes sociales que contabilice la cuenta
personal de Javier Milei.
En política, es la calle la que, en
última instancia, define la viabilidad de un programa económico y el
rumbo de un gobierno. Sin ir demasiado lejos, fueron las masivas
movilizaciones de diciembre de 2017 las que obligaron al entonces
gobierno de Mauricio Macri a archivar la reforma laboral apenas tres
meses después de que la impuso en las elecciones de medio término con
una diferencia de más de 20 puntos sobre el segundo.
Lo que
resulta complejo adelantar es cuál es la medida del éxito de la jornada
que, indudablemente, será materia de interpretación, a posteriori, de
parte de ambos lados.
El objetivo de los convocantes
La CGT decidió priorizar la envergadura de la movilización por encima del impacto del paro.
Con
ese argumento sostuvo la adhesión del sector del transporte de
pasajeros recién a partir de las 19 horas. Esa es la forma mediante la
cual, aseguraron, los manifestantes podrán acercarse y retirarse de la
Plaza de los Dos Congresos.
La decisión tiene un costo. La otra
cara de la misma moneda serán los trabajadores informales y tantos otros
que se encuentran formalizados que, por ese motivo, no podrán
justificar su ausencia en el trabajo sin hacer explícita su adhesión a
la medida. Sumando esa situación al receso escolar, el paro no afectará
de manera directa a los sectores medios y difícilmente se perciba de
manera contundente en cada barrio.
Es probable que sí se sienta
especialmente en el sector industrial, en los grandes conglomerados de
comercio y en el sector de servicios como el bancario, los seguros, el
movimiento portuario así como a aquellos vinculados al sector público
que deberán lidiar contra la amenaza de descuentos que ya anunció el
vocero presidencial Manuel Adorni.
Si bien los miembros del
triunvirato que conduce la CGT no explicitaron un objetivo de
movilización, lo cierto es que apuestan a canalizar el descontento que
las medidas del gobierno, el decreto y la ley ómnibus generaron en el
conjunto de la población.
Ya antes de anunciar la marcha a los
Tribunales para lograr la cautelar favorable, Héctor Daer hizo alusión a
los cacerolazos que se escucharon horas después del anuncio del decreto
70/23 como una señal de descontento que excede al movimiento obrero
organizado y como una suerte de mandato popular.
Lo mismo hizo
Hugo Yasky el 22 de diciembre en un plenario conjunto de ambas CTA con
la UTEP en el que destacó la actitud de la población en salir a repudiar
a la calle las medidas del gobierno incluso antes que las propias
centrales.
En una reunión organizativa de la movilización
realizada días atrás, Daer propuso organizar las columnas de cada sector
a lo largo de la Avenida de Mayo sin hacer uso de las calles
transversales con el propósito de exhibir la masividad de la marcha y, a
la vez, habilitar la participación de los manifestantes “de a pie” que,
pronosticó, tendrá una magnitud similar al aporte de los sectores
organizados.
Entre ellos se contabilizan la CGT, la CTA de los
Trabajadores, la CTA Autónoma, las organizaciones sociales agrupadas en
la UTEP y La Cámpora.
Desde la izquierda, un plenario con 500
delegados de sindicatos que militan en la Coordinadora de Sindicatos
Combativos (CSC) y en el Polo Obrero se reunió ayer y ratificó su
participación en la movilización con una columna independiente.
La
movilización también tendrá un lugar destacado para sectores sociales
que ya manifestaron su adhesión, como los de la cultura, el deporte, la
ciencia, los clubes de barrio y las asociaciones de consumidores, entre
muchos otros, que agregarán sus propias demandas al pliego político y
gremial.
Ayer, en declaraciones radiales, Daer señaló: «Hemos
hablado con un montón de legisladores que están en contra, toda la
fantasía de que esto sí o sí se termina en enero o que es ‘todo o nada’,
ya no está. Esto es un proceso que va madurando y el 24 no va a ser la
CGT, van a ser los científicos, el deporte, los trabajadores, las
cámaras pymes, que ya dijeron que no van a descontar los días; es muy
amplia la convocatoria y la concurrencia. También participará gente en
forma individual, que van a ir a decirle al Parlamento, no le den la
espalda al pueblo».
A este conjunto habrá que sumar las marchas y actos planificados en todo el país.
Consultado
sobre la magnitud de la movilización, Daer se limitó a adelantar que
“la marcha va a ser muy grande” y, al igual que el resto de los
principales dirigentes de la CGT, omitió arriesgar un número concreto.
Fue
otro de los integrantes del Consejo Directivo de la CGT, Jorge
Martínez, titular de la Federación de Peones de Taxis, quien dejó
trascender cuales son los números que manejan dentro de la Central.
“Estimamos
que cerca de un millón de personas se movilizarán el próximo 24 de
enero al Congreso Nacional”, confió en declaraciones al portal Sonido
Gremial. En ese caso, la plaza del Congreso rebalsará de manifestantes.
El día después
Además,
Martínez remarcó que lo del 24 será “el primer round” en la disputa
entre sindicatos y el gobierno. Ninguno de los miembros del triunvirato,
hasta el momento, adelantó cuál será la política de la CGT a partir del
jueves en caso de que el gobierno insista con el decreto y la ley
ómnibus.
En la entrevista con Tiempo publicada la semana pasada,
Pablo Moyano se limitó a recordar la resolución del Comité Confederal
del pasado 28 de diciembre que, señaló, «nos facultó para tomar las
medidas que sean necesarias. Pueden ser en febrero, en marzo, abril o
cuando sea».
La continuidad dependerá de lo que ocurra con el
paro y la movilización el propio miércoles, la adhesión en la base de
los trabajadores, el impacto sobre la opinión pública que tenga la
medida, los reordenamientos dentro del Congreso y de como el gobierno
interprete el escenario y redefina o confirme los términos de su
ofensiva.
La disputa por la calle y el protocolo «Bullrich»
Otro
capítulo de la jornada será el que la ministra de Seguridad pretenderá
protagonizar con la aplicación de su protocolo de seguridad. Ya mandó
intimaciones a sindicatos afiliados a la CGT por montos de hasta $ 100
millones en concepto de costos del operativo de seguridad. Patricia
Bullrich confirmó que ratificará esa política el próximo miércoles: «Hay
que dar la pelea de vida o muerte», sobreactuó.
Paco Manrique,
dirigente del SMATA y diputado nacional, señaló irónicamente que, por la
envergadura de la marcha, «la gente no va a entrar en la vereda». Daer
sugirió que lo más prudente para el gobierno sería, al menos, dejar sin
efecto el protocolo durante ese día. A la vez las tres centrales
tramitaron la intervención del Director de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) que, aseguraron, «ya se ha puesto en contacto con el
gobierno argentino solicitando explicaciones por los flagrantes alegatos
de violaciones a la libertad sindical y a los convenios
internacionales».
Más allá de lo simbólico y la disputa mediática
sobre la opinión pública, el gobierno sabe que es ahí, en la calle,
donde se juega una parte esencial de esta partida, que recién comienza.«
Más de la mitad apoya el paro y la marcha
Si
bien lo central de la jornada resultará la propia movilización y la
capacidad de las centrales de traccionar un sector de la población a la
calle, un aspecto no desdeñable es la forma en la que la opinión pública
asimila esas medidas.
De hecho, el gobierno sostiene su ofensiva
en el presunto apoyo popular que detenta luego de obtener el 56% de los
votos en el balotaje.
Según una encuesta realizada entre el 14 y
el 19 de enero por la consultora Espiral en forma exclusiva para el
portal Infogremiales, la aprobación de la medida de fuerza alcanzó al
54% de la población mientras que el rechazo cosechó el 36% de las
opiniones.
El resultado da cuenta de la percepción de la
población de que no se trata de un conflicto sectorial o corporativo
sino que involucra a amplios sectores de la ciudadanía.
Otro dato
que surge del mismo estudio y que posiblemente sea el más relevante, es
el grado de conocimiento social que tiene la medida. El 97% de los
encuestados asegura estar al tanto de la protesta con independencia de
su posicionamiento ante la misma.
El estudio destaca también lo
que denomina los «altos niveles de intensidad» en las respuestas. Esto
es la baja frecuencia (9%) de respuestas para las dos variantes
intermedias entre el apoyo o el rechazo cerrado a la medida de fuerza.
El
estudio, además, indica al «peronismo unido» (27%) como la «mejor
expresión» de la oposición al gobierno. La CGT recibió el 19,4% de las
opiniones seguida por el kirchnerismo (10,4%), los movimientos sociales
(9,6%), la izquierda (3,2%) y la CTA (1,5%).
22/01/2024 (7377)
