Adiós escuela adiós
“Es el fin del sistema educativo federal”. El proyecto de Milei para terminar con el rol del Estado en la Educación. Borra el 6 % del PBI como inversión, formaliza el financiamiento a escuelas privadas y aplica los “vouchers educativos”. Santiago Brunetto. “Es el fin del sistema educativo nacional y federal” y sitúa a la educación en “una lógica de sálvese quien pueda”. Eso advierten especialistas en materia de educación sobre el proyecto de la llamada “Ley de Libertad Educativa” que el Gobierno nacional formalizó tras las reuniones del Consejo de Mayo. Con vouchers en función de la “eficiencia” escolar, reducción en la carga horaria, cambios significativos en el financiamiento de la educación pública y legalización del homeschooling, entre otros puntos, el proyecto que busca derogar la Ley de Educación Nacional (LEN) profundiza para los especialistas, el “corrimiento del rol del Estado” y la “tendencia a la privatización” de la escuela.
Los gremios docentes preparan una campaña para enfrentar la reforma
cuando llegue al Congreso. El texto formalizado este martes por el
gobierno nacional tiene 43 páginas y 166 artículos y ya se encuentra
subido a la web oficial del Consejo de Mayo. Su espíritu, sin embargo,
puede detectarse sólo con leer el primer artículo. Allí, el rol estatal
de “garantizar la accesibilidad y permanencia” en el colegio aparece
como subsidiario del rol de la sociedad civil en la que “se organiza y
se desarrolla la educación a través de instituciones, espacios y
proyectos diversos”, e incluso detrás del rol de la familia en tanto
“agente natural y primario de la educación de los hijos”. La educación,
dice el proyecto redactado bajo la tutela de Federico Sturzzeneger, se
ejerce antes que nada “en el marco de la libertad educativa y del
derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos”. Lo
dicho implica un cambio radical con respecto a lo establecido por ley
hasta ahora, ya que la actual LEN, aprobada en el año 2006, fija como
único garante del derecho educativo al Estado. Para Roxana Perazza,
licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA y magister en Ciencias
Sociales con orientación en Educación por FLACSO, “el lugar secundario
que le otorga al Estado es de lo más preocupante y grave del proyecto,
porque aparece como principio rector de todo el texto y rompe con un
recorrido histórico valorado por la sociedad en su conjunto”. “No hay
que correr al Estado sino fortalecerlo y yo no vi ninguna política
pública de la actual Secretaría de Educación en pos de fortalecerlo”,
añade en diálogo con Página/12. Perazza forma parte de un grupo de
especialistas en el área que elaboró un documento en conjunto en contra
de la reforma. El documento ya juntó más de 2500 firmas de apoyo y la
idea del grupo es presentarlo ante los distintos bloques de ambas
cámaras del Congreso. En el texto se advierte directamente que el
proyecto es “el fin del sistema educativo nacional y federal”: "La
escuela se consolidó históricamente como el lugar donde se accede al
saber y a una formación integral, aprendemos a convivir, a ampliar el
mundo familiar y a participar de la vida democrática. La propuesta
desarticula y desmantela esa estructura: plantea una multiplicidad de
agentes educativos compitiendo entre sí, situando la educación en una
lógica de sálvese quien pueda“, apuntan. Roberto Abdala, magister en
Políticas Educativas y director de la carrera de Educación de la
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), coincide en que “al plantear la
primacía de la familia, y de cierto tipo de financiación para que la
familia elija la escuela que desea, la ley va a generar un sistema aún
más segregado del que tenemos”. “Lo que puede suceder es que termine
habiendo un sistema empobrecido para los sectores más vulnerables y una
educación de más jerarquía para los demás”, agrega. Es que los cambios
no se quedan sólo en la redacción de los fundamentos del proyecto sino
que derraman en el espíritu de todas las modificaciones que planea
incorporar el gobierno, comenzando por la base misma del sistema: su
financiamiento. Como ya se había adelantado en el Presupuesto 2026, el
proyecto borra el número del 6 por ciento del PBI como meta para la
inversión en educación, formaliza el financiamiento a escuelas de
gestión privada y le pone nombre a una de las principales promesas de
campaña en materia educativa del presidente Javier Milei. Se trata de
los famosos “vouchers educativos”, que aparecen mencionados como
“dispositivos de financiamiento por la demanda en todos los niveles y
modalidades”. “Las asignaciones otorgadas a las familias o alumnos
mediante vales o bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos
equivalentes, están orientadas a asegurar la libre elección de la
institución educativa y la equidad en el acceso a propuestas diversas de
aprendizaje”, agrega el texto del proyecto, que busca legalizar esas
asignaciones estatales por demanda a partir de un cálculo que, entre
otros puntos, incluiría a la “cantidad de alumnos a los que presta el
servicio”. Es decir que la inversión educativa podría estar definida por
la cantidad de matrícula que tiene cada escuela, lo que habilitaría de
hecho un sistema de competencia entre los propios colegios. Todo
justificado en función de un criterio de “eficiencia” destacado como uno
de los principales puntos a seguir en materia de financiamiento, con el
mandato de “utilizar los recursos disponibles de manera racional,
priorizando la mejora de los aprendizajes y la reducción de
desigualdades injustas, evitando duplicaciones, gastos improductivos o
asignaciones discrecionales”. Para la educación superior también se
propone un sistema por mérito de estudiantes y sus desempeños para la
financiación. El punto del financiamiento es uno de los pocos que sufrió
una modificación con respecto al borrador que circuló en un primer
momento. En ese texto se indicaba que los aportes económicos del Estado
debían estar equiparados entre los colegios de gestión privada y los de
gestión estatal, algo que fue retirado del texto actual. También se
quitó el artículo que permitía que las escuelas estatales tuvieran un
espacio de educación confesional. El corrimiento del Estado se verifica,
además, en los puntos que apuntan a darle mayor “autonomía” a las
escuelas, entre los que se destaca la posibilidad de que cada
institución defina sus propios planes de estudios. El Estado seguiría
definiendo los diseños curriculares, pero serán “de carácter general que
enmarcan los planes de estudio institucionales”. Abdala sostiene en
este punto que “lo que se plantea en términos de selección escolar y
autonomía de las escuelas tiende hacia un sistema más desigual porque la
autonomía de las escuelas es bienvenida si todas cuentan con recursos
similares para poder hacer una oferta educativa atractiva”. Cada
institución quedaría también habilitada a definir las cargas horarias
internamente a partir de un mínimo de horas de clase definido por ley
que estaría por debajo de lo establecido actualmente, ya que el texto
prevé que el nivel primario y secundario deberán cumplir un piso de 720
horas anuales. El número implica una reducción con respecto a lo
establecido incluso para el ciclo lectivo 2026, para el que el Consejo
Federal de Educación definió un total de 760 horas para primaria y 900
para secundaria.
Cada institución quedaría también habilitada a
definir las cargas horarias internamente a partir de un mínimo de horas
de clase definido por ley que quedaría por debajo de lo establecido
actualmente, ya que el texto prevé que el nivel primario y secundario
deberán cumplir un piso de 720 horas anuales. El número implica una
reducción con respecto a lo establecido incluso para el ciclo lectivo
2026, para el que el Consejo Federal de Educación definió un total de
760 horas para primaria y 900 para secundaria.
A su vez, las escuelas
podrían participar del proceso de selección de los y las docentes,
sistema que hoy en día está centralizado en las jurisdicciones, mientras
que se declara la “esencialidad educativa” que limitará de hecho el
derecho a huelga de los y las docentes. Desde Ctera ya adelantaron el
rechazo no sólo a este punto sino a la reforma en general y señalaron a
Página/12 que ya comenzaron reuniones con diversos sectores para definir
los pasos a seguir en la campaña de rechazo al proyecto.
En diálogo
con este diario, Miguel Duhalde, Secretario de Educación del sindicato,
señaló que “no aceptamos fundamentalmente que se intente borrar de la
noche a la mañana un proceso histórico de debate y lucha que derivó en
la LEN; derogarla es un retroceso histórico que profundiza la tendencia
de la privatización y mercantilización de la educación, que es un
derecho humano”. “Preocupa el corrimiento del rol del Estado, que deja
de ser un garante y aparece como un subsidiario de las familias,
ubicadas casi en un lugar patronal pudiendo definir hasta los equipos
directivos”, agrega Duhalde.
La función de la familia como “agente
natural y primario” de la educación se traduce en varias modificaciones
concretas dentro del proyecto, que incrementarían su rol de control
dentro de las escuelas. Es que el texto busca crear el llamado “Consejo
Escolar de Padres” con funciones de “asesoramiento, orientación
institucional, supervisión y rendición de cuentas en los asuntos
estratégicos y de control institucional”. Sus alcances llegan hasta
“participar en los procesos de contratación y remoción del equipo
directivo de la institución”, así como en la elaboración del reglamento
escolar.
A lo dicho hay que sumarle la búsqueda de legalizar el
homeschooling, que aparece en la redacción como una de las “formas
alternativas de enseñanza”, entendidas como “procesos de enseñanza y
aprendizaje dirigidos a estudiantes que no asisten regularmente a una
institución”. La importancia que se le da a este aspecto es tal que el
texto le dedica un capítulo entero del proyecto, con artículos que
buscan legalizar la “educación en el hogar, dirigida por los
responsables parentales o tutores” y la “educación en entornos
virtuales”. Los contenidos, por si fuera poco, se evaluarán sólo con una
prueba estandarizada a rendir en una institución educativa con
“únicamente los contenidos mínimos nacionales y jurisdiccionales, sin
incorporar exigencias adicionales”.
Para Abdala, la búsqueda de
legalizar esta modalidad “está pensada para un sector minoritario que
pueda sostener docentes o una preparación en la casa que después sea
homologada”. Los especialistas advierten que detrás de la cuestión se
esconde un gran negocio de servicios de educación privados que podrían
desembarcar en los hogares de élite que opten por una “educación
alternativa”.
Perazza concluye que la iniciativa en general “es un
proyecto que atrasa”: “Tendríamos que estar pensando en la mejora de la
escuela, en interpelar el formato y pensar escuelas para chicos y chicas
con otras problemáticas, pero el Gobierno está mirando una realidad
bastante peculiar para derogar una ley de educación que sólo tiene
veinte años”, sostiene.
11/12/2025 (8532)
