El Gobierno trabaja en un decreto para desarmar el CONICET
El Ejecutivo busca decidir qué investigaciones del Conicet seguirán activas y cuáles "no lo valen". Según indicaron desde Casa Rosada, quieren modificar el sistema de manejo del organismo en base a sus ideales. Sin embargo, la medida todavía está en revisión y no hay plazos claros. El Gobierno nacional trabaja en un decreto que le permitiría intervenir directamente en la definición de las investigaciones que lleva adelante el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La medida, que aún no tiene una fecha confirmada de publicación, apunta a modificar el sistema de gobernanza del organismo y alinear su agenda científica con las prioridades del Ejecutivo nacional.
Desde Casa Rosada afirman que buscan “ordenar criterios” y dejar atrás investigaciones que consideran "poco relevantes". La intención oficial es establecer un mayor control político sobre las áreas de estudio, especialmente en un contexto donde la gestión libertaria cuestionó públicamente investigaciones en el campo de las ciencias sociales y humanidades. “Queremos poder definir qué se investiga y qué no, para priorizar lo técnico por sobre informes que hablan de Batman”, deslizaron desde despachos oficiales, en alusión a algunos trabajos que consideran alejados de las necesidades concretas del país. El decreto ya pasó por los equipos técnicos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, y por la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal. Si bien algunos sectores del oficialismo aseguran que la iniciativa ya cuenta con el visto bueno del presidente Javier Milei, otros afirman que su publicación podría demorar más de lo previsto. En paralelo, el Ejecutivo ya definió cambios en otra pieza clave del sistema científico: la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), encargada de financiar proyectos de investigación. La nueva conformación de su directorio pasará de once a tres integrantes, todos de designación directa del Gobierno. La Agencia depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y administra fondos estratégicos como FONCyT, FONTAR y FONARSEC.