Los aumentos por Decreto
Decreto de Milei: emergencia energ�tica y revisi�n de las tarifas de luz. El decreto publicado en el Bolet�n Oficial admite que las concesionarias prestan un servicio deficiente y no realizaron las inversiones necesarios, pero culpa por ello a las tarifas que cobran a los usuarios. Impulsan la "sanci�n de precios en condiciones de competencia y libre acceso". El presidente Javier Milei firm� un decreto declarando la "emergencia del sector energ�tico nacional hasta fines de 2024" para los segmentos de generaci�n, transporte y distribuci�n de electricidad, como tambi�n para el transporte y distribuci�n de gas natural. En el decreto, el Gobierno extiende las intervenciones de los entes reguladores del sector (ENRE y Enargas), debido a la demora en los nombramientos, y ordena el inicio de la revisi�n del esquema tarifario para que entre en vigencia en 2024.
La decisi�n del gobierno es similar a la tomada en el inicio de la
gesti�n de Mauricio Macri, cuando la declaraci�n de emergencia abri� el
periodo de audiencias para los incrementos de las tarifas de los
servicios de luz y gas. A ocho a�os de aquella declaraci�n, el decreto
firmado por Milei sostiene un panorama similar al indicar la creciente
obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras de estos
servicios p�blicos, su insuficiente adecuaci�n a las necesidades de la
demanda actual y futura, la falta de inversiones en renovaci�n y
ampliaci�n de redes.
En el decreto 55/2023 se sostiene que "a partir
de 2003 en general, y desde 2013 en particular, no han dado se�ales
econ�micas suficientes para incentivar las inversiones necesarias
acordes al crecimiento de la demanda de dicho servicio", por lo que
vuelca la responsabilidad de la actual sistema de emergencia en las
bajas tarifas que cobran las empresas prestadoras, que est�n
privatizadas desde la d�cada del noventa.
Seg�n la informaci�n
volcada en el decreto, las dos principales prestadoras de energ�a
el�ctrica Edesur y Edenor --a cargo de la distribuci�n en la Ciudad de
Buenos Aires y el Conurbano-- presentan cifras cr�ticas en la eficiencia
del servicio. Seg�n el informe del ENRE surge que los indicadores que
reflejan la calidad del servicio p�blico que prestan las distribuidoras
exhiben un aumento del indicador de frecuencia media de interrupci�n por
usuario para EDENOR S.A. del 55,23 % y para EDESUR S.A. 173,22 %.
Durante
la gesti�n de Sergio Massa en el Ministerio de Econom�a, se lleg� a
nombrar a un funcionario del gobierno dentro de Edesur para incrementar
el control del funcionamiento de la empresa, pero no deriv� en la
revisi�n del contrato con la empresa que cuenta con la concesi�n --al
igual que Edenor-- hasta el a�o 2087.
Aumento en las tarifas
A
pesar del incumplimiento en la calidad del servicio, el decreto no
apunta sobre las empresas sino que ordena el inicio de una revisi�n
tarifaria integral de estas prestadoras, cuyas tarifas resultantes deben
entrar en vigencia antes del 31 de diciembre de 2024. Asimismo,
habilita a implementar adecuaciones transitorias y ajustes peri�dicos en
los cuadros vigentes, para garantizar la normal prestaci�n de los
servicios mientras se realiza dicha revisi�n.
El decreto dispone la
continuidad de los interventores nombrados tanto en el ENRE como en
Enargas durante el gobierno de Alberto Fern�ndez para no demorar los
procesos de revisi�n de cuadros tarifarios, mientras que da un periodo
de 180 d�as para que se complete la designaci�n formal de los nuevos
directorios, que deben ser nominados por el Ministerio de Econom�a y
seleccionados en el Congreso. En el caso de Enargas, el interventor
Osvaldo Pitrau ya firm� la convocatoria a una audiencia para revisar las
tarifas el pr�ximo 8 de enero.
La definici�n central del decreto
est� en la readecuaci�n de tarifas al sostener que es el atraso en la
remuneraci�n a las empresas generadores, transportadoras y
distribuidoras lo que ha impactado en los planes de mantenimientos
peri�dicos y permanentes, en las tareas de reparaci�n y en los recursos
econ�micos destinados; y que bajo los esquemas de remuneraci�n vigentes
no se ha promovido la competitividad de los mercados de producci�n.