Derechos, deuda externa y Poder Judicial colonizado Por el Dr Rodríguez Villafañe
El derecho ha servido para crear civilizaciones y también para colonizar y someter a pueblos.
Asimismo, hay que tener presente, como esencial y fundamental, que el derecho básico que asiste a nuestro pueblo se nutre de los derechos humanos, que hacen a su dignidad y desde el cual hay que plantear la discusión jurídica, principalmente, en materia de deudas públicas.
Más, no podemos dejar de advertir, que las bases jurídicas concretas, en nuestro país, están colonizadas en su dinámica y en su estructura de aplicación.
Dinámica tramposa
En su dinámica, ya que, se nos dice y exige que nuestros Estados deben ser transparentes y no corruptos, con lo que estamos de acuerdo. Sin embargo, los poderosos financistas prestamistas que ello exigen, se cuidan mucho de no ser transparentes, al tiempo de negociar y concretar deudas públicas. Todos los acuerdos de deuda externa tienen cláusulas de secretismo y otorgan impunidad, de todo tipo (penal, civil, etc.) a los intervinientes. A su vez, dicha circunstancia propicia estructuras estatales de corrupción, atento las pautas jurídicas de desincriminación e irresponsabilidad para los intervinientes.
Asimismo, el propio sistema financiero corrupto genera y fomenta los
mal llamados “paraísos fiscales”, palabra propia de la colonización
semántica, ya que esos lugares no tienen nada de angelicales, ni de ser
un paraiso, porque son verdaderas cuevas de dineros producto, en gran
medida, de hechos delictivos. Esas cuevas, ayudan a retroalimentar el
sistema de corrupción, blanqueo de dinero sucio, proveniente de
evasiones fiscales, del narcotráfico, de las mafias, etc. En gran
medida, los casos que se dan en esos lugares configura el delito de
“Encubrimiento por Receptación”. Pero ello sirve para que el movimiento
financiero se retroalimente con un dinero barato al que le dan guarida.
Más a su vez, los mismos que dan esos refugios, se ponen el disfraz de
éticos y piden que el Estado deudor ajuste, que no gaste tanto en planes
sociales, que rebaje las jubilaciones, que despida empleados, no
invierta en salud y en educación y que recaude todo lo posible, aún con
impuestos a veces injustos, para que se paguen los reclamos muchas veces
de deudas odiosas, ilegales, usurarias y/o írritas.
Un país
como EEUU, que nos exige cumplimientos como una actitud moral, sin
embargo, tiene cuevas fiscales, en Delaware, Wisconsin, Nevada, Florida,
Alaska, Tennessee, Texas, New Hampshire, Washington, Wyoming, Dakota
del Sur e Islas Vírgenes Estadounidenses.
Simultáneamente, se
nos obliga a resignar nuestra justicia y someternos a seudo-tribunales
administrativos creados por los intereses de los prestamistas, tal es el
caso del CIADI que significa “Convenio Internacional sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros
Estados”, (celebrado en Washington el 18/03/1965) o a tribunales
extranjeros. Así, un juez de menor cuantía de Nueva York, como el juez
Thomas Griesa, nos hizo arrodillar como país ante fondos buitres y sus
requerimientos abusivos.
Por su parte, el FMI (Fondo
Monetario Internacional), tiene más inmunidades que un país soberano,
sus funcionarios gozan de inmunidad respecto de todos los instrumentos
que suscriben y, además, a sus archivos no se pueden acceder, ni con
medidas judiciales, por lo cual, resulta extremadamente difícil, poner
en evidencia cuales han sido los mecanismos internos que determinaron
llevar adelante un préstamo que sabían no se iba a poder pagar,
endeudando al país, para de esa manera condicionar aún más su economía.
Mientras tanto, no hay inmunidad soberana para los Estados que se presiona por deudas externas.
Poder Judicial colonizado
¿Acudir a reclamar al Poder Judicial en Argentina? ¿A qué Poder
Judicial? ¿El formateado por el nortecentrismo y el poder financiero
usurario? Nunca, la ilegalidad de gran parte de la deuda externa que se
nos reclama ha estado más transparentada, sin embargo, aparecen caminos
legales construidos para que no se pueda discutir los préstamos y la
justicia los encuentra y valida, en defensa de los prestamistas. Baste
referir, por ejemplo, que el endeudamiento externo entre 1976 y 1983
sirvió, entre otros aspectos, para solventar negocios privados. Esta
afirmación se desprende del fallo del juez Jorge Ballestero, dictado en
junio de 2000, en la causa conocida con el nombre de su impulsor
Alejandro Olmos, en la que se investigó el proceso de endeudamiento del
país durante la última dictadura militar. En la causa judicial, iniciada
en octubre de 1982 y cerrada en 2000, duró 18 años y en la sentencia se
estableció que se cometieron 477 delitos, por parte del Ministro de
Economía José Alfredo Martínez de Hoz y su equipo, pero la moraleja
deprimente fue que, no obstante demostrarse su culpabilidad, por
prescripción, se lo sobreseyó. Una justicia tardía e ineficiente.
Como si fuera poco, ahora la nueva trampa está armada. Si algún
juez o jueza tuviera la valentía de aplicar el derecho como corresponde,
al servicio de los derechos humanos de nuestro pueblo, los financistas
tienen garantizado el accionar de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (CSJN). Así, Carlos Rosenkrantz, el vicepresidente del Tribunal,
informó que, a partir de ahora, intervendrá en causas de los clientes
ligados a su estudio jurídico, entre los que están Cablevisión, Grupo
Clarín, La Nación, La Rural, McDonald’s, Quilmes, Claro, o el fondo de
inversión Pegasus. Este último fondo, entre sus componentes está Merrill
Lynch -fondos buitres-. Hasta hoy Rosenkrantz se había excusado de
participar en más de 100 expedientes de las empresas ligadas a su
estudio de abogados.
La CSJN tiene que fallar ahora, entre
otras causas, sobre la constitucionalidad del decreto del gobierno
nacional 690/20, dictado en plena pandemia y que determina que Internet
es un servicio público en competencia. El tema llegó a la Corte por
apelación del Estado Nacional ante una medida cautelar dictada en
contra, por una Cámara Federal en favor de empresas del rubro que se han
opuesto a la medida.
Más, con buena voluntad, pero
demostrando la impotencia judicial, por lo que puede resolver el máximo
tribunal del país, la Defensoría del Público de Argentina hizo un
planteo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que este
organismo se manifieste a favor del Decreto 690 ¿Tenemos que ir a la ONU
para que se proteja nuestros derechos básicos? ¿Tenemos entonces Poder
Judicial argentino?
Juicio Político a la CSJN
La CSJN
opera como cuello de botella, respecto de los, aproximadamente 5.000
magistrados y magistradas de todas las instancias y fueros en el país
que existen los que, aún con su mejor dedicación y decisiones en
justicia, dichas resoluciones terminan validándose o no, ante la CSJN,
con el voto de sólo tres de sus miembros.
La realidad
demuestra, a su vez, que en la Corte actual dos de los magistrados
(Rossatti y Rosenkrantz), nominados por el prófugo Pepín Rodríguez Simón
y nombrados inconstitucionalmente por Mauricio Macri, han tenido con
conductas indebidas en derecho, en ética y en muchos otros aspectos.
También con reproches similares caben a los otros dos integrantes
(Lorenzetti y Maqueda), por lo que urge exigir un juicio político por
mal desempeño para todo el tribunal, designar nuevos integrantes y
reformular el funcionamiento del máximo órgano judicial del país, para
que este tribunal otorgue la seguridad jurídica necesaria que merece la
Nación y tener un poder judicial propio y respetable.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista cordobés y
Periodista columnista de opinión
09/11/2021 (5615)
