Ordenan medidas para saber si Papel Prensa se vendió "a precio vil"

El magistrado dispuso un análisis minucioso de la evolución histórica de las acciones de la empresa, para determinar en qué condiciones se produjo el traspaso a Clarín, La Nación y La Razón. De allí surgiría si hubo coacción.
Info News - Por: Néstor Espósito
En consonancia con la iniciativa de un grupo de legisladores del Frente para la Victoria para la expropiación parcial de Papel Prensa, el juez federal Julián Ercolini dispuso un exhaustivo análisis de la evolución histórica de las acciones de la empresa para determinar en qué condiciones se produjo el traspaso accionario en los albores de la última dictadura desde los herederos del Grupo Graiver a los diarios La Nación, La Razón y Clarín. Fuentes judiciales citadas por la Agencia Télam consignaron que el juez "requirió el envío de todos los balances y un informe sobre la tasación y la evolución del precio de sus acciones 'desde sus orígenes' para determinar si hubo 'precio vil’ en la venta".
La situación tiene varios puntos de contacto con lo que ocurrió a fines del año pasado con la venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina durante el gobierno de Carlos Menem.
En ambos casos hubo una transacción contextualizada en la supuesta
comisión de delitos (corrupción en el caso del predio palermitano,
torturas y amenazas en la empresa monopólica en la fabricación de papel
para diarios) en los dos casos se sospecha que el precio efectivamente
pagado fue muy inferior al valor real de las propiedades (en el caso de
Papel Prensa la ecuación es dramáticamente desigual) y en uno y otro
caso hay intentos de recuperación tardía. En el Predio de Palermo, una
medida cautelar dictada por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal
suspendió el decreto que anulaba la venta por su "precio vil". En Papel
Prensa, existe una iniciativa parlamentaria para proceder por ley a la
expropiación.
Ercolini, según las fuentes, encargó un farragoso
trabajo comparativo desde mediados de los años setenta, cuando Papel
Prensa funcionó bajo la órbita del grupo empresario liderado por David
Graiver, y toda su evolución posterior, incluyendo el traspaso durante
la dictadura y los balances tras el regreso de la democracia. El
objetivo final parece ser el de determinar, a valores históricos, cuál
era el valor real de la empresa a fines de 1976, cuánto se pactó por su
venta y si ese dinero efectivamente se pagó o se trató de una operación
simulada bajo ropajes legales pero concebida dentro de los negocios de
la dictadura.
De hecho, en la causa judicial subyace la idea de que
hubo una disputa indisimulada entre el ex dictador Jorge Rafael Videla y
su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, por un lado, y
el ex jerarca de la Armada Emilio Eduardo Massera, por el otro. Unos y
otros tuvieron como blanco de la disputa a Lidia Papaleo, cuya firma era
necesaria para completar el traspaso accionario. La empresa fue
transferida en noviembre de 1976; la viuda de Graiver denunció que había
sido presionada por el principal directivo del Grupo Clarín, Héctor
Magnetto, quien le habría exigido que accediera al traspaso a cambio de
conservar su vida y la de su hija.
Los Papaleo son querellantes en la
causa, al igual que la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia. Ambas partes se mostraron cautas ante el movimiento que
comenzó a sacudir a la causa. Se trata de un expediente de investigación
compleja, que estuvo demorado largamente por una "cuestión de
competencia" entre jueces de la Capital Federal y de La Plata.
A
mediados del año pasado, la Sala Primera de la Cámara Federal porteña
resolvió que debía ser Ercolini quien quedara a cargo de la pesquisa,
apartando a su antecesor, Daniel Rafecas, y quitándole la competencia al
platense Arnaldo Corazza. Hasta ayer nada había trascendido sobre lo
que estaba llevando a cabo Ercolini. Ahora se supo que "se comparará el
precio de las acciones en esa época y a cuánto se vendió" la empresa. El
supuesto "precio vil" que investiga el juez podría convertirse en el
principal indicio sobre la supuesta coacción.
Con esos datos en la
mano, el juez planea comenzar una larga ronda de declaraciones
testimoniales para formar un cuadro de situación que podría derivar en
llamados a indagatoria. En diciembre del año pasado, la Secretaría de
Derechos Humanos consideró que estaban dadas ya por entonces las
condiciones para llamar en calidad de imputados a Ernestina Herrera de
Noble, Magnetto, Bartolomé Mitre, Sergio Peralta Ramos, Marcos Peralta
Ramos, Hugo Peralta Ramos, Videla y Martínez de Hoz, fallecido hace
menos de dos meses. «