PERSONERÍA JURÍDICA MATRÍCULA 32264
DPPJ Pcia. BUENOS AIRES
N° Registro de Entidad de Bien Público 433

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Politica

Juicio a Milagro Sala: cuarto intermedio hasta el miércoles para dar la sentencia.

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El tribunal que juzga a la líder de la Tupac Amaru postergó su resolución en el juicio por un escrache que sufrió el hoy gobernador jujeño en 2009.

El juicio contra la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, por un escrache al ahora gobernador Gerardo Morales en 2009 pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo. La audiencia estuvo marcada por la represión de la policía provincial contra dirigentes del Frente para la Victoria.

Si bien se preveía que esta madrugada se dieran a conocer el veredicto, los alegatos se prolongaron y cerca de la 2:00 el tribunal decidió reanudar el debate el 28 de diciembre. "Dada la hora y que mañana el Tribunal tiene otra audiencia en una causa por lesa humanidad vamos a hacer un cuarto intermedio hasta el miércoles que viene", anunció el presidente del tribunal, Mario Juárez Almaraz.

La Fiscalía pidió 3 años de prisión condicional para Milagro Sala, mientras que la querella pidió 8 años, el máximo previsto en el Código penal para este tipo de delito.

En su alegato, la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, solicitó la absolución de los imputados. Anteriormente, había pedido continuar con la audiencia hasta dar el veredicto, algo que le fue negado. "Muchos de nosotros somos de Buenos Aires y se nos complica venir", argumentó.

Tras los incidentes registrados por la tarde, los dirigentes que viajaron desde Buenos Aires para asistir a la lectura del veredicto se encontraron con Sala en el interior del tribunal: entre ellos estuvieron el exministro de Trabajo Carlos Tomada y el exjefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra.

La audiencia estuvo precedida por una feroz represión en la que la diputada nacional del FpV, Mayra Mendoza, fue agredida por un agente de la Policía de Jujuy, de apellido Pereyra.

Milagro Sala fue detenida el pasado 16 de enero y desde entonces el gobierno jujeño la cargó de causas en su contra. Primero fue apresada por un manifestación frente a la gobernación, bajo la acusación de "tumulto" y luego se le imputaron delitos contra la administración pública por no haber desviado presuntamente fondos destinados a viviendas populares.

Tras su arresto fue alojada en el penal de Alto Comedero y, si bien en esta causa se la dejó seguir el juicio en libertad, continuó detenida por otras causas abiertas por supuesta malversación de fondos.

La detención de Milagro Sala se volvió un conflicto internacional para Macri, que ya recibió reclamos de la OEA, la ONU, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau y organismos de derechos humanos como HRW y Amnistía Internacional para la libere.

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La Policía de Morales reprimió a legisladores y dirigentes en Jujuy.

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El presidente del Consejo Deliberante de Hurlingham, Martín Alberti, fue detenido y la diputada Mayra Mendoza fue golpeada por los oficiales.

Diputados nacionales y provinciales, dirigentes políticos y referentes sociales que reclaman la liberación de Milagro Sala fueron reprimidos por la Policía de Jujuy cuando intentaron ingresar a los tribunales de esa provincia para la lectura del veredicto en el juicio contra la líder de la Tupac Amaru.

En medio de la represión, oficiales de la polícia provincial se llevó detenido al presidente del Consejo Delibertante de Hurlingham, Martín Rodríguez Alberti.

Además, una de las agredidas fue la diputada nacional Mayra Mendoza, quien denunció ante C5N: "Lo único cierto es que en esta provincia no hay estado de derecho y se violan todas las garantías constitucionales". Según denunció la legisladora del Frente para la Victoria, fue "golpeada" y "agarrada del cuello" por la Policía.

Está previsto que hoy el Tribunal Oral Federal dicte la sentencia en la causa por el escrache a Gerardo Morales de 2009. El edificio de los tribunales de Jujuy, donde en breve se leerá el veredicto del juicio por el "escrache" a Gerardo Morales producido en 2009, se encuentra vallado y la policía controlaba el ingreso.

Por la crisis, el Gobierno simplificó el trámite para subsidios a PYMES.

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El Ministerio de Trabajo permitirá que las compañías golpeadas por la recesión accedan a los Repro sólo con enviar un correo electrónico.

Ante la recesión económica e industrial, el Gobierno simplificó el trámite para que micro, pequeñas y medianas empresas accedan a los subsidios del Programa de Recuperación Productiva (Repro). Así quedó establecido a partir de una resolución del Ministerio de Trabajo, publicado en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto, las compañías deberán enviar la solicitud de adhesión a la dirección de correo electrónico prpmipymes@trabajo.gob.ar, con cuatro formularios que forman parte del anexo de la resolución.

Uno de esos papeles se relaciona con los datos básicos de la empresa, más la documentación obligatoria y las declaraciones juradas de legitimidad y conformidad del delegado del personal de la empresa y de ausencia de trabajo infantil.

Otro es el informe socio-económico-laboral, el tercer formulario es el de constitución de domicilio electrónico y el cuarto corresponde a la planilla de consentimiento, informado exclusivo para empresas cuya dotación sea inferior a 10 trabajadores.

Los Repro son una suma fija destinada a pagar salarios de una empresa en crisis hasta un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil actualizado a la fecha de otorgamiento y por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral mediante el pago directo por ANSeS.

Cristina Kirchner destruyó a Bonadío luego de sobreseer a funcionarios de Cambiemos.

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La ex Presidenta apuntó contra el juez federal que benefició a los que se beneficiaron con la venta del dólar futuro. Señaló que la "causa exhibe el alineamiento del aparato judicial".

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó al juez federal Claudio Bonadio por sobreseer a los funcionarios de Cambiemos que estaban imputados en la causa Dólar futuro: "Toda la movida en Comodoro Py alrededor de causa exhibe el alineamiento del aparato judicial contra los anteriores funcionarios".

A través de su cuenta de Twitter, publicó fragmentos de una nota de Página/12 y marcó un párrafo donde menciona a los funcionarios beneficiados por la decisión del magistrado mencionado en una servilleta como "juez adicto" al gobierno de Menem.

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Imputaron a Macri, Prat Gay y Peña por incorporar al blanqueo a familiares de funcionarios.

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Lo hizo el fiscal Marijuan. Pidió investigar al Presidente por modificar una ley por decreto para que los familiares de funcionarios públicos puedan ingresar al programa.

El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó este martes al presidente Mauricio Macri por modificar una ley por decreto para que los familiares de funcionarios públicos puedan ingresar al blanqueo de capitales.

La imputación también recayó sobre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, tras una denuncia penal de la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, y otros legisladores.

Peña esta mañana volvió a defender la norma cuestionada y dijo que los funcionarios tienen "una enorme tranquilidad" sobre su legalidad.

Por su parte, Marijuán respondió afirmativamente a la consulta que le formuló el juez federal Ariel Lijo ante la denuncia de Donda, quien argumentó que la reglamentación de la ley y el decreto que añadió a parientes de funcionarios al blanqueo es ilegal.

"Tenemos la plena convicción de que lo que se hizo con el decreto de los familiares no está dentro de esas tipificaciones que plantea el fiscal. Hay una enorme tranquilidad por la medida que hemos tomado", sostuvo Peña, en una conferencia de prensa en el centro cultural CCK.

El dictamen de Marijuán no es formalmente una "imputación" sino el impulso de la investigación por la presunta comisión de un delito de acción pública, que en este caso se insinúa como "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad".

La denuncia sostiene que, por decreto, el Poder Ejecutivo modificó el espíritu de la ley, que en su redacción aprobada en el Congreso excluía del blanqueo a familiares de funcionarios, y por decisión del Ejecutivo, sin intervención del Parlamento, los incluyó.

Marijuán pidió al juez Lijo una serie de medidas de prueba, entre ellas copias certificadas de la ley, el decreto en cuestión, y las actas del debate parlamentario sobre la ley de blanqueo.
Se trata de un primer paso en una investigación en la que, de momento, no hay querellantes, sino que sólo es impulsada por la fiscalía.

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Un intendente explotó contra Cambiemos: "Que dejen de hablar pelotudeces".

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Mario Secco acusó al Gobierno de desaparecer ante los reclamos de los municipios. "Si Ensenada no explota es gracias al trabajo de la intendencia", resaltó.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, estalló contra el gobierno de Mauricio Macri por las políticas de ajuste que provocan desempleo y merma en las ventas de los comercios. "Si Ensenada no explota es gracias al trabajo de la intendencia", resaltó.

Tras advertir que desde la asunción de Macri y de Vidal en la provincia de Buenos Aires, el municipio tuvo que hacerse cargo de viáticos e insumos para la Policía, los hospitales, las escuelas y aumentar la partida presupuestaria para comedores y merenderos, Secco apuntó: "Cumplieron un año y desaparecieron. Cuando le preguntás cuándo te pagan lo que te deben, desaparecen. Decir que propiciamos que las fiestas terminan mal, me da bronca". Y disparó: "Que el gobierno deje de hablar pelotudeces".

Secco señaló, en diálogo con AM Del Plata, que "el gobierno nacional paró todas las obras y no quiere a la industria nacional" y eso genera consecuencias en Ensenada. "La gente tiene una necesidad muy fuerte. Acá en Ensenada, con los emprendimientos y la obra parada, tengo 5 mil desocupados más y los comercios venden un 35 por ciento menos", afirmó.

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Un año en el poder: los diez programas eliminados o vaciados por Mauricio Macri.

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Se trata de políticas promovidas por el kirchnerismo para favorecer la inserción laboral, acortar la brecha digital y brindar salud y el acceso a la Justicia de sectores vulnerables.

Al momento de aplicar las políticas de ajuste económico, Cambiemos explica que se debe a la "pesada herencia" que le dejó el kirchnerismo. En ese accionar, el gobierno de Mauricio Macri aplica recortes a políticas sociales, educativas y de acceso a la justicia que afectan, principalmente, a los sectores sociales más vulnerables. El Destape tomó 10 de esos programas y estas fueron las consecuencias:


1. Conectar Igualdad

Luego de su nacimiento en 2010, este programa repartió 5.400.000 netbooks a todos los estudiantes y docentes de establecimientos públicos de educación secundaria, especial y de formación docente. Este año, el Ministerio de Educación y Deportes despidió a los 60 empleados del equipo central y solo 6 se quedaron en este programa.

Se priorizaron los perfiles técnicos por sobre los pedagógicos y se desmanteló la área que desarrollaba las capacitaciones, realizaba talleres en escuelas y organizaba encuentros nacionales. Bajo la gestión de Esteban Bullrich solo se repartieron 200 mil computadoras y no se cubrió la totalidad del alumnado que ingresó este año al secundario y se trataba de un remanente de la gestión anterior.


2. Asistir

El gobierno de Mauricio Macri recortó fuertemente el programa Asistir, que depende del Ministerio de Trabajo, a través del cual se brinda información y asesoramiento sobre sus derechos laborales. Cumple una importante función social ya que los principales demandantes de este asesoramiento son personas de bajos recursos.

Hasta diciembre contaba con 20 abogados, dos psicólogos y tres administrativos. Pese a la gran cantidad de despidos, que se aceleraron en el segundo semestre, hoy Asistir funciona con 10 abogados y sin asistencia psicológica.


3. Progresar

En paralelo a los despidos que hubo en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, más de 300 mil jóvenes dejaron de percibir el beneficio económico del Progresar. De los 130 despidos en la cartera de Alfonso Prat-Gay, 100 fueron aplicadas sobre los trabajadores del programa lanzado en enero de 2014 por Cristina Kirchner, que quedó sin personal.

El recorte en el Progresar ya se refleja en el número de jóvenes que acceden al beneficio: era más de 960 mil en noviembre pasado y en abril de este año se redujo a 600 mil, según informó el propio Gobierno. Gran parte de los despedidos integraba la red territorial, cuya función era llevar información sobre el programa puerta a puerta en zonas del interior del país donde se hace difícil acceder a ese tipo de información.


4. Argentina Sonríe

El gobierno de Mauricio Macri decidió derogar el programa Argentina Sonríe, lanzado por Cristina Kirchner en diciembre de 2014 y que había atendido a 31.900 personas. Hasta diciembre de 2015 había 2316 personas en tratamiento y 3300 prótesis instaladas. Además, había 626 talleres de prevención de salud bucodental con 11638 participantes. Se hacía limpieza de dientes, arreglo de caries, tratamiento de conducto, extracción dental y colocación de prótesis. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre, que lleva la firma del ministro Jorge Lemus, la decisión fue por cuestiones técnicas.

El corte abrupto del programa, que era gratuito, generó una fuerte demanda a nivel municipal de asistencia odontológica debido a que había tratamientos que estaban inconclusos y cuyos costos en el sector privado oscilan entre 8.000 y 15.000 pesos.


5. Centros de Atención Judicial (CAJ)

Desde la asunción de Mauricio Macri, los Centros de Atención Judicial (CAJ), que ofrecían un servicio gratuito de asesoramiento jurídico, derivación institucional, acompañamiento psicosocial y mediación comunitaria, fueron desmantelados. Hasta diciembre pasado existían 82 CAJ, pero Cambiemos cerró al menos 30, en su mayoría en el conurbano bonaerense, y despidió a más de 200 trabajadores.


6. FinEs

Si bien este programa, a través del cual se puede finalizar los estudios secundarios, continúa vigente, el Ministerio de Educación y Deportes lo trasladó a las provincias que, debido al escaso presupuesto con el que cuentan, tuvieron que ajustar el programa y abrir menos comisiones. Más grave aún, a través de una resolución publicada en abril, la gestión de Esteban Bullrich dio de baja en FinEs en las Universidades, donde ya no se podrán inscribir nuevos alumnos a partir del año que viene.


7. Jóvenes por Más y Mejor Trabajo

Este programa nace en plena crisis internacional del 2008 y apunta a jóvenes de entre 18 y 24 años que no hayan terminado la secundaria. el objetivo es la inclusión social y laboral personas afectadas por el desempleo y la precarización laboral.

Hasta diciembre pasado el programa contaba con 21 trabajadores y ahora solo quedaron 7 debido a despidos y reubicaciones. Si bien el contenido de los cursos donde se le hace conocer a la persona sus derechos y obligaciones laborales no cambió, la llegada al territorio, principalmente enfocado en barrios vulnerables, bajó considerablemente al punto de que cayó a la mitad la cantidad de adherentes al programa.


8. Programa de Salud Sexual y Reproductiva

La gestión del ministro de Salud, Jorge Lemus, echó a 55 profesionales que pertenecían a este programa. Sólo 19 conservaron el puesto, pero fueron reubicados en otros sectores. Así, se redujo la capacidad de acción y abordaje territorial de esta área que, en 2015, distribuyó en centros de salud de todo el país 33.212.649 de métodos anticonceptivos.

Quedaron muy afectadas las Áreas de Monitoreo y Evaluación, Fertilidad, Diversidad, Comunicación y Promoción Comunitaria. Hay una imposibilidad de contar con información fidedigna sobre la distribución de métodos anticonceptivos, el seguimiento sobre las prestaciones realizadas por los efectores de salud en los distintos niveles de atención, el seguimiento de la organización de los servicios y la calidad y atención de los mismos. Esto dificulta gravemente la toma de decisiones de la política pública en torno de los derechos sexuales y reproductivos.


9. Plan Qunita

Mediante la resolución 454, publicada en abril en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud dio de baja el plan Qunita con el pretexto de que los elementos que acompañaban las cunas eran "muy riesgosos". El objetivo de Qunita era reducir la muerte súbita de bebés menores de un año y se entregaba de forma gratuita a mujeres beneficiarias de la asignación universal por embarazo.

Tras la entrega de 67 mil kits, en septiembre pasado el juez Claudio Bonadio rechazó acondicionar los objetos y, pese al repudio de neonatólogos y pediatras, ordenó la destrucción de 60 mil kits. UNICEF cuestionó la decisión y pidió que se revean los aspectos técnicos. Bonadio cambió de opinión y dijo que reutilizar los materiales del Plan Qunita es decisión del Ministerio de Salud.


10. Argentina Innovadora 2020

Luego del recorte de 3.000 millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología para 2017, las consecuencias se empiezan a observar en los programas de la cartera que conduce Lino Barañao. Desde el CONICET denunciaron que para el año próximo ingresarán un 60% menos de investigadores al organismo, lo que representa la cifra más baja desde 2004.

Esto choca contra el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva "Argentina Innovadora 2020", que se lanzó hace tres años y que fijaba el objetivo de alcanzar 5 investigadores por cada mil habitantes de la población económicamente activa.

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Denuncian penalmente a Majul y Lombardi por el contrato del millón.

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El diputado Tailhade solicitó investigar la irregular compra de los derechos de un video de la productora La Cornisa por $960 mil pesos.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade presentó este martes una denuncia penal ante la Justicia Federal por la polémica compra realizada por parte de la secretaría de Hernán Lombardi a la productora La Cornisa, perteneciente al empresario de medios Luis Majul, por los derechos de un video de 4 minutos a cambio de cerca de un millón de pesos.

El legislador del Frente Para la Victoria solicitó abrir una investigación en perjuicio del conductor televisivo y dueño de La Cornisa Producciones, el titular de la Secretaría de Medios Públicos, y de los posibles funcionarios involucrados en la irregular contratación por "defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles". La demanda recayó en el Juzgado Criminal y Correccional número 2, a cargo de Sebastián Ramos.

En este sentido, Tailhade describe que la compra de "los derechos del video", tal como describió Lombardi, es cuanto mínimo "llamativo", dado que la productora de Luis Majul ya había recibido un subsidio no reembolsable de Santa Fe para llevar a ese distrito la muestra completa y no sólo video "De Walsh a Lanata, 40 años de periodismo argentino", a cambio de unos trescientos mil pesos ($300.000), lo que representaría un tercio de lo que percibió por el corto, que es parte de la exhibición en cuestión.

Además, en escrito presentado este martes ante la Justicia, el diputado resalta que "la cronología de las relaciones políticas y económicas de Luis Majul con el actual gobierno distan de la vinculación al recientemente estrenado film que Lombardi invoca", y asegura que el empresario de medios, entre 2008 y 2014, recibió "más de 300 contrataciones por casi 14 millones de pesos" por parte del gobierno porteño, de las cuales "algunas de ellas" se dieron "de manera directa, sin licitación, para la realización de eventos y servicios de distribución de folletería".

Es por esto que el diputado nacional solicitó "establecer si el pago en cuestión no está asociado a otro tipo de contraprestaciones comunicacionales del principal beneficiario de esta contratación", dado que, entiende, Majul es un "periodista de alto reconocimiento, formador de opinión pública y analista permanente de la política nacional".

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La Coalición denuncia acciones ilegales del gobierno

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 La Coalición denuncia acciones ilegales del gobierno: la comunicación está en peligro
Por: Comuna

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La modificación de leyes por decreto, las medidas que profundizan la posición dominante de empresas privadas en la comunicación y las que perjudican expresamente a medios no comerciales fueron denunciadas por la Coalición por una Comunicación Democrática, en plenario nacional.
   Las acciones gubernamentales, en un año de gestión, ponen en riesgo la vigencia del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión, dice la declaración final de la organización que agrupa a medios cooperativos y sindicales, universidades, comunicadores, productores radiales y audiovisuales, músicos, actores, televisoras y radios comunitarias, y muchas otras organizaciones y sectores.
   En un plenario nacional realizado el 2 de diciembre en una sala del Anexo de la Cámara de Diputados, gracias a la gestión de legisladores opositores, representantes de varias provincias informaron sobre la situación de los medios no comerciales y respecto de la acción de los capítulos locales de la Coalición, en algunos casos sobre avances y en otros sobre dificultades para resistir la ofensiva gubernamental contra la comunicación democrática.

El Destape te explica por qué se beneficia Franco Macri con los nuevos cambios del blanqueo.

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Todo lo que necesitas saber sobre la fuga de capitales. Cuando vuelvas a escuchar que se la "robaron toda", acordate de este informe.
  
Mientras desde la jefatura de Gabinete, Marcos Peña, defendió el decreto que incorporó a todos los familiares de funcionarios públicos al blanqueo de capitales y, paradójicamente, negó que algún integrante del Gobierno pueda salir favorecido por esta medida, Iván Schargrodsky y Dario Gannio te muestran por qué es falso.

La medida se establece en su artículo 6 que la "exteriorización de capitales" podrá ser realizada en los casos de bienes y tenencia de moneda que puedan acreditar que son anteriores al momento en el que su familiar haya ingresado al Estado.

Esto permitiría que, por ejemplo, Mariano Macri, hermano del presidente, pueda declarar, en caso de tenerlas, cuentas offshore que haya abierto en los 80 y 90, cuando estuvo activa la firma Fleg Trading, descubierta en el escándalo internacional conocido como los Panamá Papers y de la cual era director.

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Telefónica amenaza con denunciar al gobierno de Macri por beneficiar a Clarín.

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La compañía de telecomunicaciones está enojada porque el multimedio que conduce Héctor Magnetto opera en distintos mercados con el respaldo de Cambiemos.

El gobierno de Mauricio Macri intenta evitar un fuerte conflicto con Telefónica, la principal compañía de telecomunicaciones, y le pide que dialogue con el Grupo Clarín para limar sus diferencias sobre las reglas del mercado.

Telefónica, que opera en Argentina desde 1990 y controla cerca de un tercio del mercado de telefonía móvil del país, se quejó de que Cambiemos favoreció a Clarín desde que llegó al poder en diciembre.

El enojo pasa porque Clarín arregló los activos de telefonía móvil y espectro con planes para vender paquetes de Internet, televisión por cable, telefonía fija y servicios móviles. Mientras que Telefónica no puede ofrecer paquetes similares porque Macri extendió la prohibición de que los operadores telefónicos lo hagan por lo menos a principios de 2018.

Clarín no ha comenzado a ofrecer servicio telefónico porque todavía necesita la aprobación final del Gobierno, mientras que Telefónica en julio presentó una queja alegando que Clarín adquirió injustamente sus licencias de telefonía móvil. Una resolución consensual permitiría a Macri evitar ser percibida como favorecedora de un lado sobre el otro.

Según detalla la agencia de noticias Bloomberg, Telefónica envió a dos altos ejecutivos a la Argentina para tener reuniones con funcionarios del Gobierno. Telefónica le advirtió al Gobierno que buscará un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Disputas sobre Inversiones del Banco Mundial (CIADI).

Otra preocupación para Telefónica es que el Gobierno podría autorizar la adquisición por parte de Clarín de Telecom Argentina SA, principal rival de telefonía fija de Telefónica, y así combinar su unidad de TV por cable con Telecom.

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SENSACIONES,REALIDADES Y ANHELOS SOCIALES Por el Dr Rodriguez Villafañe

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SENSACIONES, REALIDADES Y ANHELOS SOCIALES

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    La inseguridad jurídica es uno de los sentimientos que más angustian en este momento. Se percibe tramposa la realidad y todo se vuelve precario. La sensación de injusticia nos inunda y la vivimos como náufragos librados a la suerte.
    En Democracia la ley y su aplicación debe buscar, siempre, de buena fe y de manera previsible, construir una sociedad justa, igualitaria, equitativa y solidaria, y con mayor razón en este momento de tremenda crisis social, económica y política.
    Resulta importante reflexionar sobre la profunda y desagradable sensa-ción de desazón que existe en nuestra sociedad. Esta sensación tiene mucho que ver con la crisis de una política, como la actual, que tornó absoluto un mo-delo económico, sin compensarlo o adecuarlo a una estrategia integral de de-sarrollo humano y de país. Lo que ha generado, entre otras manifestaciones, una particular división de nuestra sociedad. En la realidad palpable de nuestra Argentina se puede observar la existencia de tres grupos que socialmente vi-ven de manera patológica el sistema que nos rige. Ellos son los que podemos denominar como los privilegiados, los excluidos y los rehenes.

La UIA desmintió a Macri y no garantizó que no habrá más despidos.

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El vicepresidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, advirtió que "no tienen facultad para obligar" a los empresarios a no echar más trabajadores.

Lo que parecía ser una victoria del gobierno de Mauricio Macri, se desvaneció en poco tiempo. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca y el viceministro de Gabinete, Mario Quintana, aseguraron en conferencia de prensa que hubo "un compromiso de no despedir hasta marzo de 2017" junto a empresarios y dirigentes de la CGT.

Sin embargo, el vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, advirtió que nadie, ni esa entidad ni el Gobierno, tiene potestad para evitar despidos ni por cuatro meses.

Funes de Rioja afirmó que la entidad "no" tiene "facultad para obligar" a los empresarios a no despedir personal, pese al promocionado acuerdo. "La UIA no tiene estatutariamente facultades para obligarlos" ni a evitar despidos ni a otras cosas", remarcó De Rioja.

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Beatriz Paglieri Desmiente

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Atenta a la difusión por parte de los medios de una denuncia que me involucra, de la cual no he tomado conocimiento ni notificación alguna al momento, me siento en la obligación y con el derecho a informar que:

• NO conozco, NI he tratado, a las personas involucradas en los hechos denunciados.
• NI la Secretaria de Comercio Exterior a mi cargo, NI yo en forma personal hemos tenido jamás participación alguna en el tratamiento y/o aprobación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) ni de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Servicios (DJAS).

Alguna prensa, que ya sabemos cuál es, utiliza de forma malintencionada la difusión de una noticia sobre una denuncia que un fiscal, en el ejercicio de sus funciones, está obligado a realizar. 

Este proceder se inscribe en el marco de la estrategia de difamar a todos aquellos que hemos participado del informe PAPEL PRENSA, LA VERDAD y que defendemos la causa Nacional y Popular.

No obstante todo lo dicho, estoy a disposición de la Justicia para colaborar en lo que fuera posible para el esclarecimiento de los hechos denunciados y dilucidar si hubo personas que cometieron delitos invocando falsamente mi nombre.

Lic. Beatriz Paglieri

Firman el segundo compromiso antidespidos.

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El Gobierno nacional acordó con empresarios y gremios frenar desvinculaciones hasta marzo. El primero que consiguieron fue incumplido a los siete días de ser firmado.

El Gobierno llegó con empresarios y sindicalistas a un "compromiso de mantener los puestos de trabajo" hasta marzo de 2017. En conferencia de prensa tras la reunión de la Mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo, el ministro laboral, Jorge Triaca, informó que se llegó a un "compromiso de mantener los puestos de trabajo" hasta marzo de 2017.

"Tenemos que poner la productividad como una batalla de todos, no de unos contra otros. Habrá que ver si hay convenios que están frenando esto", agregó el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Mario Quintana.

A la vez, Quintana indicó que también se trataron "temas estructurales que hacen a la competitividad de la Argentina" y anunció que habrá tres mesas sectoriales (construcción, agropecuario y logística) y cuatro temáticas (desarrollo de proveedores, empleo para jóvenes, capacitación y empleo en negro).

En mayo el Gobierno ya había logrado un acuerdo similar con los empresarios por 90 días, pero fue incumplido desde la semana siguiente por la mayoría de las compañías firmantes. Mauricio Macri prefirió este acto simbólico y vetó la ley antidespidos que había sido sancionada en el Congreso.

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Lavagna redobló sus críticas contra Macri: "Este Gobierno termina en el colapso".

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El ex ministro de Economía sostuvo que esta gestión se trata de "un modelo que funciona con endeudamiento y ajuste".

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna insistió en que "este tipo de modelo que combina tasas de interés fenomenalmente altas, dólar fijo o cayendo, el bolsillo del grueso de la población enflaqueciéndose, el empleo debilitándose, indefectiblemente requiere el endeudamiento externo e indefectiblemente termina en una situación de colapso".

"Éste es un modelo de ajuste. Cuando vos tenés que el salario ha caído alrededor del 8%, cuando vos tenés cifras oficiales que dicen que se han perdido 120.000 puestos de trabajo en blanco, más una cifra indefinida -pero no inferior a ésta- de trabajos en negro; cuando tenés la tasa de inflación actual, con tasas de interés altísimas, como las de los últimos siete u ocho meses, y con un dólar que se empieza a atrasar, tenés un modelo de ajuste", advirtió Lavagna.

El economista que integra el Frente Renovador agregó que se trata de "un modelo que funciona con endeudamiento, cosa que empieza a ocurrir".

"Hablando de macroeconomía, no hay miles de modelos. Hay modelos de ajuste, en general con atraso cambiario, la tablita de la época de los militares, la convertibilidad de la época del gobierno democrático de Menem, y hay una visión alternativa, del otro extremo, populista, que en general tiene un componente de atraso cambiario. En algo se identifican. El actual (modelo) se identifica cada vez más con el final del gobierno de Cristina Kirchner en esa materia", dijo Lavagna en declaraciones al diario La Nación.

Al ser consultado sobre las críticas que recibió del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, consideró que "cuando uno dice algo que molesta al gobierno de turno, enseguida te tiran los perros encima".
Y sobre la comparación que hizo Prat Gay entre él y Hebe de Bonafini, respondió: "¡Qué elegancia! ¡Qué sutileza! Si ésta es la manera con la que analizan la realidad argentina, estamos mal. Si ésta es la dirigencia y, sobre todo, la que pretende ser la nueva dirigencia, estamos mal". "Digamos las cosas como son: la tasa de interés es alta, es altísima, a punto tal que ninguna empresa puede competir con el Estado cuando toma los fondos. Es cierto que el dólar arrancó a 15 pesos después de la devaluación para ajustar el error del gobierno anterior, y que después lo dejaron caer hasta 13 y pico, y que hace unos días tocó 14 y algo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto que están emitiendo deuda masivamente? Bueno, si es cierto, discutamos los efectos de eso", agregó.

Además, señaló: "Es también una práctica habitual en la Argentina. La pesada herencia es habitual, en parte porque los gobiernos tienden a fracasar y dejan una situación complicada: fracasó el gobierno de Alfonsín, fracasó la convertibilidad, fracasó el gobierno de la Alianza y obviamente fracasó el gobierno de Kirchner, si se mira en términos de crecimiento y bienestar social, que es lo que importa".

Y pidió tener "cuidado con echarle la culpa a (Donald) Trump" porque así "empiezan a ocultar los errores y los fracasos de política económica". "Ayer leía que se decía que hay que terminar con la inflación para crecer. ¡Y no! Es al revés. Hay que empezar a poner la economía en marcha para frenar la inflación. En una economía chica y relativamente cerrada como es la Argentina, los costos fijos tienen un peso fenomenal", subrayó.

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Micheli advirtió que si Macri veta la Emergencia Social "se va a complicar".

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El titular de la CTA Autónoma planteó que "el Gobierno no tiene posibilidad de garantizar que se frene la ley porque no tiene mayoría en el Congreso".

El jefe de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, advirtió que si el Gobierno vetara la Ley de Emergencia Social y Alimentaria "se va a complicar" la situación para fin de año, en tanto sostuvo que los trabajadores "no" van "a terminar de estar en la calle".

Tras la media sanción que la ley de emergencia obtuvo en el Senado, Micheli planteó que "el Gobierno no tiene posibilidad de garantizar que se frene porque no tiene mayoría en el Congreso".

No obstante, ante la posibilidad de que se apruebe en la Cámara baja y la Casa Rosada vete la ley, cuestionó que el presidente Mauricio Macri "agarre a la democracia y diga 'Empieza el partido cuando yo llego' y se termina cuando se lleva la pelota".

Consultado sobre el escenario social para fin de año, el titular de la CTA admitió que "no quisiera hacer una medida de acción directa", aunque advirtió que "obviamente", si se vetara la ley, "se va a complicar".

Micheli aclaró que si bien la CTA participaría de la marcha al Congreso, sus dirigentes no ocuparían el escenario porque "no" comparten "el acuerdo de la CGT con el bono, que llegando a fin de año no resuelve el tema del poder adquisitivo".

Así, cuestionó con dureza a los dirigentes cegetistas al recordar que cuando el Gobierno vetó la ley antidespidos, "no fueron al paro para rechazar la decisión", por lo que se preguntó "por qué" Macri "no va a vetar esta nueva ley ahora".

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Rotundo fallo judicial: confirman que las offshores son ilegales en la Argentina.

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Una fiscal ratificó que estas sociedades se usan para lavar dinero y evadir impositiva. Las similitudes con el caso del presidente Mauricio Macri.

Mauricio Macri se encuentra imputado por omitir declarar a Fleg Trading y Kagemusha ante el fisco, pero es investigado por lavar dinero con la primera. Por otra causa, un fallo de la Cámara Comercial ratificó recientemente que las offshores son ilegales en la Argentina.

Tanto las dos sociedades integradas a la causa como las otras 18 vinculadas a la familia Macri fueron creadas en paraísos fiscales. Las offshores como tales suelen tener prohibido operar dentro del país donde son creadas. Esa es la razón por la que Bahamas no registró transacciones comerciales de Fleg Trading Ltd allí.

La bahameña, en cambio, transportó U$S 9,3 millones negros a Brasil para comprar acciones que estaban en manos de otra empresa de la familia. El objetivo final era llevar Pago Fácil a la nación carioca, pero nunca se alcanzó.

El dinero siguió luego su ruta y se dividió en dos sociedades de Macri en la Argentina, tal como documentó el diputado denunciante Darío Martínez en la causa de los Panamá Papers. Más tarde, se reenvió a Brasil.

En Argentina fueron declaradas ilegales las offshore y todas sus operaciones en 2005, cuando Ricardo Nissen encabezó la Inspección General de Justicia. Las registradas fueron obligadas a readecuarse.

La Justicia ratificó esta decisión el 25 de octubre. La Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquin por el caso de la quiebra de Petroex Uruguay SA, una offshore uruguaya. La funcionaria esgrimió que estas sociedades "constituyen verdaderas herramientas para el ilícito, para cuya conformación sus motivaciones conllevan casi siempre algún grado de ilicitud".

"Su sentido no es otro que eludir responsabilidades legalmente exigibles. Así se defrauda a la sociedad toda tributariamente, a terceros acreedores o se utilizan para blanquear dinero cuyo origen es desconocido o imposible de declarar por su ilegalidad, ya sea porque no fue denunciado fiscalmente o por provenir de la corrupción, del narcotráfico del tráfico de armas o del terrorismo", afirmó. Boquin presumió en este caso que "no se trata de una verdadera sociedad constituida en el extranjero sino de una sociedad que en fraude a la ley se constituye en otro país para realizar su actividad en la República Argentina".

Petroex era uruguaya, pero sólo registró operaciones en este país. Fleg Trading, en cambio, no figura en las bases de datos oficiales porque técnicamente nunca ingresó al país, pero sí sus dólares.

El caso Macri importa más en Brasil

El diputado Martínez, del Frente para la Victoria, fue invitado a exponer sobre "Panamá Papers: El caso Macri" en la II Conferencia Regional de Latindadd en Porto Alegre, Brasil, del 16 al 17 de noviembre.

En la mesa económica sobre la crisis económica y el fraude tributario transnacional también participan diversos especialistas, como Juan Valerdi, consultor en tributación internacional de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe.

Martínez denunció a Macri por lavado de dinero en abril, cuando el nombre del Presidente emergió en los documentos filtrados del estudio de abogados Mossack Fonseca. Desde entonces, el jefe de Estado ha desestimado la investigación; sólo adujo que la sociedad "no tuvo operaciones" y que "está todo bien".

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La increíble defensa del Gobierno a los nombramientos de familiares.

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El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, admitió que algunos puestos en la "alta dirección" se cubren por "cercanía o vínculos" con los funcionarios.

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, defendió el nombramiento de familiares en la estructura del Estado, al admitir que algunos puestos en la "alta dirección" se cubren por "cercanía o vínculos" con funcionarios, pero afirmó que el objetivo es "concursar y tener una carrera pública profesional".

En ese sentido, aclaró que es una situación "que viene de años, no es de ahora", y contó que "de las 3 mil personas que son directores nacionales, generales o coordinadores, solo siete están por concurso".

"Obviamente, cuando se llega a un Gobierno, uno comienza a cubrir los puestos, las posiciones, y puede ser que algunas por cercanía, por confianza, pero también por idoneidad, sean desempeñadas por gente que tiene algún grado de vínculo", sostuvo Ibarra en diálogo con La Red.

De todas formas, el ministro afirmó que "lo importante es que la decisión es ir concursando toda la alta dirección pública, o al menos, la mayor parte". Sobre eso, añadió: "El objetivo es concursar y tener una carrera pública profesional, que se base en concursos transparentes. Esa es la idea a la que vamos".

El domingo pasado, Canal 13 difundió un informe titulado "nepotismo", sobre los funcionarios de primera línea, de Cambiemos y kirchneristas, que contrataron familiares para que trabajen en la administración pública.

Entre los funcionarios denunciados, figuran la vicepresidenta Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y los ministros Jorge Triaca, Patricia Bullrich, Carolina Stanley, Oscar Aguad, Andrés Ibarra, Rogelio Frigerio, Alfonso Prat Gay y Gustavo Santos.

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Cristina Kirchner pide ir a juicio oral por la causa dólar a futuro.

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La ex presidenta reclamó al juez federal Claudio Bonadio ser enviada con "premura" a juicio para que un tribunal "imparcial" esclarezca los hechos por los que el viernes último fue confirmado su procesamiento.

Así lo planteó en un escrito presentado en el juzgado a cargo de Claudio Bonadio por su abogado, Carlos Beraldi, en el que consignó la decisión de no apelar el fallo de la Cámara Federal porteña para acelerar así la elevación a juicio de este expediente.

De esta manera, concretó lo que más temprano había anticipado en declaraciones formuladas a Radio 10, en las que reveló que, desde un primer momento, la ex mandataria le había planteado su deseo de ir rápidamente a juicio oral por esta causa para, así, realizar “una defensa pública de sus políticas”.

"Si pensaron que con esto iban a perjudicar a la señora Kirchner, están completamente equivocados", aseguró Beraldi, quien, luego, en el escrito presentado ante Bonadio pidió que “se arbitren las medidas procesales pertinentes a fin de que la presente causa sea elevada a la etapa oral, con la mayor premura".

En tanto, en una extensa entrevista que concedió este lunes a Radio Nacional, el juez Bonadio indicó que, “procesalmente” no están dadas las condiciones “que hacen posible una orden restrictiva de la libertad” de la ex mandataria.

Además, el magistrado dijo no sentirse condicionado por las críticas en su contra formuladas por el líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, y por la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, al afirmar que no le preocupa “si están enojados o no” con las decisiones tomadas en materia judicial contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El escrito

En el escrito que presentó ante el juzgado encabezado por Claudio Bonadio, Beraldi expresó que, “siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, con el propósito de esclarecer los hechos investigados de manera pública y ante una instancia judicial imparcial”, desistía de “interponer cualquier tipo de vía impugnativa contra la decisión adoptada por la Sala II del fuero”.

La causa
 
Más allá de la decisión de la ex presidenta, que busca acelerar la elevación a juicio oral y público de este expediente -que lo convertiría en el primero en su contra- los restantes 14 procesados en la causa deberán resolver si apelan o no la confirmación de sus procesamientos dispuesta en un fallo que llevó las firmas de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Ahora, todos los procesados tienen la chance de apelar ante la Cámara Federal de Casación esa decisión y, mientras tanto, Bonadio podrá resolver si da por cerrada la pesquisa e inicia el camino para elevarla al que sería el primer juicio oral contra la ex Presidenta.

La causa por la venta de dólar a futuro se originó a partir del crecimiento de venta de contratos en este mercado durante el segundo semestre del 2015 a valores muchos más bajos de los que se transaban en el exterior.

En ese momento, el valor del dólar futuro en Argentina promediaba los 10,60 pesos por unidad, mientras que en los mercados del exterior se negociaba en la misma época a 15 pesos, y es la diferencia entre ambos valores lo que para la Justicia enmarca el delito investigado.

Denuncian censura en Radio Nacional y apuntan contra un funcionario de Macri.

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La emisora de La Pampa echó a un periodista crítico de de Macri y decidió levantar la programación local para ser una repetidora de la de Buenos Aires.

La gestión de Cambiemos irrumpió en la provincia de La Pampa, más precisamente en Radio Nacional, para remover voces críticas contra la gestión de Mauricio Macri. Tal es así, que el nuevo director de la emisora, Germán Dittler, decidió echar de su cargo a un histórico periodista bajo al excusa de tener dos trabajos que generan "incompatibilidad de funciones".

Además, por decisión de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que encabeza el Miguel Angel Pereira y depende del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos a cargo del ministro Hernán Lombardi, la emisora LRA 3 Radio Nacional Santa Rosa (AM730) dejará de emitir contenidos locales y será una simple repetidora de RN Buenos Aires.

Conductor de la primera mañana de Radio Nacional Santa Rosa, el periodista Javier Urban se desempeñaba también como empleado de la Cámara de Diputados de La Pampa. En su programa político, Urban tenía una posición crítica del gobierno de Mauricio Macri.

"Lo que busca es coartar la libertar de expresión y controlar lo que se difunde en La Pampa a través de la transmisión de los contenidos que vienen de Buenos Aires y que pretende la línea Cambiemos", aseguró Urban.

El 1º de septiempre pasado, Germán Dittler, publicista y sin experiencia en medios periodísticos, asume la dirección de la emisora. "El 20 de septiembre recibo una carta documento en la que se me intima a dejar uno de los dos trabajos en base a un decreto de 1961", contó Urban a El Destape. Tras negarse, "a los 20 días me lleva una respuesta diciendo que a partir del 1º de noviembre estaba despedido", explicó el periodista.

"Responsabilizo por mi despido a Carlos Mac Allister, quien tiene la suficiente injerencia para cambiar el director como para echarme. Cuando no se hace lo que él pretende, acusa que se debe a una muestra de corrupción", advirtió. Y como ejemplo explicó: "Tal es su influencia en la provincia que se designó a su hermana, María Alejandra Mac Allister, como presidenta del Tribunal de Cuentas de la provincia".

Guillermo Moreno lee el triunfo de Trump en clave Peronista y Nacionalista.

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El triunfo de Trump no sorprendió al Lic. Guillermo Moreno, uno de los economistas más importantes e influyentes del peronismo.
"De alguna manera, se vuelve a discutir el Vector Nacional en la construcción de la Política Económica". Y en ese debate nosotros tenemos mucho que opinar y aportar.

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Batacazo mundial: Donald Trump, nuevo presidente de los EE.UU.

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El republicano da la sorpresa y contra todos los pronósticos derrotó a Hillari Clinton.

Al terminar las elecciones en los Estados Unidos, inmediatamente comenzó el enigma: saber si Hillary Clinton o Donald Trump sería el nuevo ocupante de la Casa Blanca en los próximos 4 años. Y lo cierto es que el candidato republicano dio el batacazo, se impuso en el voto popular en la mayoría de los estados y es el nuevo presidente de los Estados Unidos.

Los primeros resultados de los estados ubicados en el este daban a la ex Primera Dama, candidata del Partido Demócrata, con una luz de ventaja del magnate.

Sin embargo, el millonario comenzó a remontar y pasó al frente, al punto de ganar en varios de los llamados "swing states", o aquellos considerados claves para inclinar el comicio hacia uno u otro.

Hillary llegaba a los 218 delegados en el colegio electoral, contra 278 de Trump, Se precisan 270 para asegurar la victoria y todavía puede sumar los electores de Arizona, Alaska y Wisconsin. Según informó la cadena CNN, Clinton llamó al republicano para felicitarlo por la victoria.

Clinton se impuso en un clásico estado demócrata, como Nueva York, de donde ambos son oriundos. Además, se impuso en California Nevada, Nuevo México, Hawai, Illinios, Colorado, Virginia y New Jersey. Trump, por su parte, se impuso en Florida, Ohio, Idaho, Alabama, Texas, Kansas, Oklahoma, Carolina del Sur, Kentucky y Tennessee, entre otros.

Trump se impuso en los estados considerados los verdaderos "campos de batalla" de la pelea electoral, como los mencionados Florida y Ohio, además de Carolina del Norte y Pennsylvania.

El multimillonario obtuvo el fuerte respaldo de la clase trabajadora de raza blanca, castigada durante los últimos años por los efectos de la globalización. Este sector perdió muchos de sus empleos por la relocalización de las empresas en otros países con salarios más bajos, como Méximo y China. La retórica nacionalista y proteccionista caló hondo en este sector y el rechazo de las mujeres y parte de la comunidad latina no fue suficiente.

Clinton, por su parte, no pudo hacer pie en dos sectores sociales en los que su rival de la interna, Bernie Sanders, era muy fuerte: los millenials y el interior rural, que también mostró su respaldo al ahora presidente republicano.

Como el sistema de votación en los EE.UU. es de manera indirecta, la sociedad estadounidense elige a quienes los van a representar en el Colegio Electoral, el que finalmente señalará al próximo presidente. El número mágico para llegar al Salón Oval es 270. Trump asumirá el próximo 20 de enero, luego de ocho años de gestión de Barack Obama.

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Estela de Carlotto dijo que las cifras difundidas sobre desaparecidos son parte de "una campaña de bastardeo".

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La titular de Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó el informe de la Secretaría de Derechos Humanos que estableció que hubo 7.010 desaparecidos entre 1973 y 1983, al considerar que forma parte de "una campaña de bastardeo y desprestigio" que tiene como fin "decir Nunca Más" a los organismos que buscan a sus familiares.

"Quieren hacernos quedar como mentirosas, inventoras de historias. Se han atrevido a decir que nuestros hijos están vivos en el exterior disfrutando de 40 años de ausencia cuando los propios asesinos dijeron que eran 45.000 entre muertos y desaparecidos y las Naciones Unidas registraban más de 15.000", aseguró la dirigente en declaraciones formuladas esta mañana a las radios 10 y Provincia.

Carlotto se refirió así a un comunicado firmado por el titular de la Secretaría, Claudio Avruj, que, ante el pedido de la asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, precisó la cantidad de desaparecidos y asesinados durante la última dictadura y en los años anteriores al Golpe.

El pedido realizado por la asociación, en base al derecho de acceso a la información pública, perseguía que se diera a conocer la cantidad de desaparecidos desde el gobierno constitucional de Héctor Cámpora, en 1973, hasta la recuperación de la democracia, en 1983.

El documento de la Secretaría de Derechos Humanos indicó que se produjeron "7.010 desapariciones forzadas y 1.561 asesinatos sin mediar desaparición forzada, lo que hace un total, para ambos períodos, de 8.571 víctimas de terrorismo de Estado", aunque aclara que "no debe considerarse definitivo" ya que "se siguen recibiendo nuevas denuncias".

"Las estadísticas nosotros las hacemos en base a nuestra propia información porque jamás los asesinos declararon el tema sino que siendo juzgados y condenados quedan en silencio", apuntó y analizó que "esto es una provocación, una persecución, dándole respuesta a un grupo desconocido de abogados que le piden información sin una justa demanda".

Carlotto también cuestionó la celeridad con la que el Gobierno dio respuesta al pedido de la ONG Ciudadanos Libres, que había presentado una solicitud de información pública al aseverar que “han pasado 40 años, esta gente antes no preguntó nada y ahora empieza a preguntar, y el Estado urgentemente le responde cuando a nosotros nos tardan años en darnos una respuesta satisfactoria”.

"El Nunca Más lo quieren para nosotras: nunca más hablen, vayan a sus casas y dejen de perseguir a los jóvenes", dijo Carlotto al entender que el Gobierno les "tiene miedo" a los organismos de derechos humanos.

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El Gobierno inicia una campaña global para evitar la liberación de Milagro Sala.

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Mandó funcionarios a una misión a Washington para evitar dictámenes adversos respecto a la detención de la dirigente social.

El embajador de Derechos Humanos de la Cancillería, Leandro Despouy, y el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, viajaron a Washington para reunirse con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con la intención de plantear que se evite una declaración que pida liberar a la dirigente Milagro Sala.

Según la versión, que publica este viernes el diario La Nación, en el oficialismo existe 'el temor de que la Comisión Interamericana asimile los fundamentos del Grupo de Trabajo de la ONU y también declare la detención arbitraria de Sala'. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA se reunirá en diciembre próximo en Panamá y podría emitir un informe sobre la situación de Sala, a causa de las denuncias presentadas por el CELS y por la oficina argentina de Amnistía Internacional.

Según la versión periodística, la canciller Susana Malcorra; el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, elaboraron en las últimas horas una estrategia común para evitar otro informe adverso de un organismo internacional contra el Gobeirno por la situación de Milagro Sala.

'Hay que actuar rápido y plantear tres temas: que Sala nunca tuvo fueros del Parlasur al ser detenida, que nadie tomó en cuenta las causas por corrupción y que jurídicamente ya fue exculpada de la causa por la que estuvo detenida por levantar una protesta social', confió al matutino un funcionario. A ello, el oficialismo añadirá que la justicia de Jujuy decidió la detención en 'abierta independencia de poderes y respeto al federalismo'.

Además, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, viajará el 21 de noviembre a Ginebra para participar de una audiencia del Comité de Discriminación de la ONU, donde se espera que el tema Sala se instale en el debate sobre el capítulo argentino.

Cristina: El gobierno de Macri es "una asociación ilícita terrorista", investiguen a Angelo Calcaterra.

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La ex jefa de Estado se refirió así al comparar las críticas que la administración macrista le realiza a su gestión. "Es una persecución judicial", insistió tras declarar ante Ercolini.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner atribuyó este lunes su situación judicial a una "maniobra" del Gobierno, al que achacó buscar "tapar el desastre económico y social" del país con la presunta injerencia sobre el Poder Judicial.

"Es una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento mediático", respondió la ex primera mandataria preguntada por la prensa sobre el avanzado estado de las investigaciones de supuesta corrupción que se le endilga, frente a los tribunales de Comodoro Py.

La ex jefa de Estado, quien se comparó con el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, agregó: "Es una maniobra regional y, acá, del actual Gobierno, que trata de tapar el desastre económico y social que tiene la Argentina".

Cristina pidió la nulidad de la causa en la que se lo acusa por supuesta adjudicación irregular de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, detenido por supuesto lavado de dinero. "Es una maniobra absoluta de persecución política", denunció la ex jefa de Estado, tras declarar ante el juez Julián Ercolini. “No soy amiga ni socia comercial de Lázaro Báez”, declaró ante el magistrado.

En diálogo con la prensa apostada en las inmediaciones de los tribunales, opinó: “Vengo de escuchar la requisitoria. Pretenden asegurar que Néstor Kirchner y yo fuimos los jefes de una inmensa asociación ilícita. Es un disparate mayúsculo”.

“Estamos pidiendo la nulidad”, lanzó y agregó: “Las cuentas, desde 2003 hasta 2014, fueron aprobadas por la Auditoría General de la Nación, y por si todo esto fuera poco, los DNU son decretos remitidos al parlamento para su aprobación"

“Es una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento mediático. Es una maniobra del actual gobierno para tapar el desastre económico. Si mi gobierno fue una asociación ilícita, este gobierno es una asociación terrorista. Pero no es que queremos que no se investigue sino que se investigue toda la obra pública. Queremos que se investigue a Angelo Calcaterra.

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